El copago de los medicamentos redujo drásticamente el consumo de fármacos, llegando a disminuir en más el 50% entre los pensionistas, ciudadanos con rentas más bajas y algunos enfermos crónicos.
Así lo asegura un trabajo del grupo Prisma del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, publicado en marzo en la revista BMJ Quality & Safety, y del cual se hace eco El País. El estudio hizo un seguimiento semanal entre enero de 2011 y junio de 2014 de los más de 10,6 millones de nuevos tratamientos prescritos en los Centros de Atención Primaria (CAP) del Instituto Catalán de Salud (ICS), la Sanidad pública catalana.
Impacto en las rentas más bajas
El estudio dividió a los pacientes por grupos, según los niveles de renta fijados por el ministerio de Sanidad, y su situación (pensionistas o en activo). Y evidenció un dato preocupante. La puesta en marcha del euro por receta en junio de 2012 -del cual sólo quedaban exentos los beneficiarios de pensiones no contributivas y de la renta mínima- dio pie a que en determinados momentos creciera en más del 50% el número de personas con ingresos inferiores a 5.000 euros al año que renunciaban a adquirir sus medicinas. Entre las personas en activo (trabajadores y parados) con ingresos de menos de 18.000 euros, este fenómeno sucedió en un 10% de los casos. Las posteriores medidas del ministerio de Sanidad del sistema de copago, que hacía pagar a los pensionistas un 10% de los fármacos, y entre el 40% y el 60% para las personas activas, consolidó dicha tendencia en septiembre de ese año.
La suspensión del euro por receta por parte del Tribunal Constitucional también tuvo efectos: la tasa de renuncias a iniciar sus tratamientos entre los ciudadanos con rentas más bajas se redujo del 20% al 14%. Y entre las personas activas con ingresos de menos de 18.000 euros, del 27% al 24%. Para las rentas superiores, pasó del 25% al 23%. Según los investigadores, la renuncia a iniciar tratamientos fue mayor en fármacos con un alto impacto en la calidad de vida, como los analgésicos a corto plazo y los tratamientos de dolencias crónicas.
El estudio de Prisma constata que la reforma del ministerio de Sanidad, aunque aumentó la aportación de casi todos los grupos, protegió a los activos con ingresos de menos de 5.000 euros al año, que antes pagaban el 40% de los fármacos y quedaron exentos. Cuando esto se produjo, este colectivo aumentó su adherencia a los tratamientos.