La Generalitat apremia al juez Aguirre para que agilice el 'caso Macedonia'

Se llama Antoni Salleras y es el subinspector responsable del Grupo Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra. El día 3 de mayo de 2011 el juez Joaquín Aguirre, que investiga la llamada Operación Macedonia, le imputó por un delito contra la administración de justicia y contra la salud pública.

Aguirre sospecha que los Mossos, a las órdenes de Salleras, protegen a un grupo de narcos (investigados en estas diligencias que duran ya casi siete años) y que por ello no le han facilitado toda la información de que disponen gracias a las intervenciones telefónicas.

Aguirre, obsesionado

Tal es el empeño del juez que en fecha 16 de julio de 2012 se personó (en una actuación inaudita) en la sede central de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos para oficiar (este tipo de gestiones las suele ejecutar un funcionario) a la policía autonómica para que entregase las grabaciones íntegras de las intervenciones telefónicas realizadas en el marco del caso Macedonia a los supuestos narcos implicados.

La prensa, convocada a tal efecto, esperó en la puerta del macrocentro policial al juez que fue convenientemente fotografiado y cuya imagen ilustró las noticias posteriores. Hay quien habló de "registro en la sede de los Mossos".

El CNP avala a los Mossos

Según Aguirre, Salleras le entregó una parte sesgada y manipulada de las intervenciones telefónicas a los sospechosos, justamente para protegerlos.

Así, el juez pidió un informe técnico al Cuerpo Nacional de Policía sobre las cintas en cuestión. Y el CNP, en un detallado informe, concluyó que no hubo manipulación ni vocación de ocultar nada de relevancia al juez.

La fiscalía pide la desimputación

Sin embargo, nada cambió y, desde entonces, Salleras, que ha sido ratificado y avalado en su cargo al frente de la Unidad Anticorrupción de los Mossos, continúa imputado. Él y la propia Fiscalía Especial Anticorrupción, liderada por Emilio Sánchez Ulled, recurrieron ante la Audiencia, y la sala competente emitió un auto el 12 de marzo de 2015 en el que posponía su decisión sobre el objeto del recurso a que Aguirre acabe con esa "prospección impropia y que cabe inferir que la instrucción debe darse por acabada sin mayor dilación".

Pero Aguirre, como si oyera llover, se limitó a notificar semanas después un informe elaborado por agentes de la UDEF de Madrid, bajo la dirección del director adjunto operativo (DAO), que se limitó a repasar y a opinar, no sobre datos o indicios nuevos, sino sobre los ya existentes en la causa incoada hace más de seis años.

Llaman la atención las sospechas que vierte la UDEF central en ese informe sobre diversos guardias civiles que fueron investigados, juzgados y absueltos por la inexistencia de delito o falta alguna. Las partes personadas en el caso, interrogadas en este medio, no han sabido responder cuál era el interés o el sentido de la elaboración de ese informe.

La Generalitat defiende a los Mossos

Transcurridos 15 meses desde que la Audiencia llamó al orden al juez, la Generalitat ha presentado un informe en el que le recuerda al magistrado el apremio y las criticas de la sala XXI en aquel auto de 12 de marzo de 2015.

El juez ha respondido que tiene una pieza de la causa en secreto (desde antes del 12 de marzo del 2015, como él mismo reconoce en un auto del mes de mayo de este año) y que, por ello, no puede cerrar la investigación.

Mientras sus indagaciones continúan, Aguirre ha notificado otro auto por el que divide en tres piezas el caso Macedonia, una decisión que se toma, tres años después de que se lo pidiera el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled que oficialmente se ha quejado en reiteradas ocasiones por el retraso judicial en la tramitación de esta causa.

Así, Salleras y su equipo siguen trabajando a la espera de que la audiencia, con todas las cartas sobre la mesa, decida sobre el futuro procesal de unos atónitos y desconcertados policías investigados.