"Indignación e impotencia". Esto es lo que sienten los familiares del derrumbe del cementerio de Montjuïc de Barcelona. Según han indicado hoy lunes 16 de julio, durante la presentación de la querella penal contra el director general de Cementiris de Barcelona (Cbsa), Jordi Valmaña, y el concejal de Presidencia, Eloi Badia, el Ayuntamiento de la Ciudad Condal "no les ha hecho caso" tras la tragedia.
Así lo ha verbalizado Núria Miñana, una de las afectadas por el hundimiento del bloque de nichos en septiembre de 2017. "Somos una cincuentena de familias denunciantes, de las cuales veinte han firmado la querella. Sentimos indignación e impotencia porque vimos el desastre que era aquello, y que pasaban los meses y nadie hacía nada". La ciudadana ha recordado que "un año después, Cementiris de Barcelona sigue sin haber identificado científicamente a una sola víctima", ha señalado.
Ignorados
Miñana ha agregado que hasta ahora, las acciones no penales no han surtido efecto alguno con la tragedia de Montjuïc. "Pusimos una reclamación al día siguiente del hundimiento del bloque de nichos el 15 de septiembre. Aún estamos esperando una respuesta por parte de la empresa municipal de cementerios", ha abundado.
La denunciante ha agregado que ni Badia ni Valmaña "no les han dicho nada, ni se han puesto en su lugar". Tampoco han hecho "ningún gesto para ver cómo nos sentíamos". El resultado es que un año después "seguimos sin encontrar a nuestros familiares", según la afectada. En relación a la posible destitución del concejal de Presidencia, Miñana ha sido clara. "Una dimisión o un cese forzoso no nos sirve. Lo que queremos es que encuentren a nuestros seres queridos y los dejen tal y como estaban".
Querella de 20 familias y Miguel Durán
Las palabras de la víctima del derrumbe de Montjuïc se han conocido el día en el que se ha anunciado una querella penal por profanación y malversación, entre otros, contra el Ayuntamiento de Barcelona por la gestión del hundimiento de 144 sepulturas en septiembre del año pasado. La acción penal, vehiculada por los despachos de Miguel Durán y Palacio Lassaleta, apunta a Eloi Badia, Jordi Valmaña y Dominika Nociarovà, antropóloga contratada por la empresa municipal de camposantos.
La querella busca que se identifiquen los 350 cuerpos mezclados con cascotes y restos de madera que reposaban en los 144 nichos afectados. Asimismo, busca depurar las posibles "responsabilidades penales" derivadas de la gestión del incidente. Los denunciantes han presentado una acción por la vía penal por cinco delitos: daños, profanación, falsificación de documentos, prevaricación y malversación de caudales públicos.