Una foto de los jamones y embutidos caducados interceptados en el camión

Una foto de los jamones y embutidos caducados interceptados en el camión

Vida

Intervenidos 10.700 jamones ibéricos congelados en mal estado

La Guardia Civil ha encontrado en un polígono de Granada casi 11.000 unidades de jamón y embutido que presentaban signos de putrefacción y anomalías en el etiquetado

8 julio, 2018 12:07

La Guardia Civil ha intervenido en un polígono industrial de Fuente Vaqueros (Granada) 10.700 piezas de jamones y embutidos de cerdo ibérico envasados y congelados en mal estado de conservación. La operación se realizó el pasado 26 de junio, cuando una patrullo dio el alto a un camión frigorífico cargado con 25 palés de jamones y embutidos congelados que presentaban anomalías en el etiquetado y tenían evidentes signos de putrefacción. 

La Benemérita ha informado este domingo en un comunicado del operativo policial. El camión interceptado se dirigía a una nave industrial de la zona.

Más jamones caducados

Tras conocer hacia donde se dirigía el conductor, varias patrullas se personaron en la nave industrial para inspeccionarla. Una vez allí, encontraron dos grandes cámaras frigoríficas con casi 11.000 patas de jamón y otros embutidos que presentaban las mismas anomalías que las intervenidas en el camión. 

Muchas estaban caducadas desde 2015 y otras ni siquiera tenían el etiquetado correcto. La mayoría estaban visiblemente podridas y no había albaranes que acreditaran la procedencia ni el destino del producto. Además, algunas etiquetas habían sido manipuladas. 

Destrucción de la mercancía

Los agentes inmovilizaron la mercancía al suponer un riesgo evidente para la salud público y alertaron a la de Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía. La inspección del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada ratificó posteriormente las medidas cautelares tomadas por la Guardia Civil respecto de los jamones y embutidos intervenidos, y ordenó su destrucción por suponer un riesgo para la salud pública.

Los agentes continúan con la investigación para esclarecer si los propietarios de los alimentos han incurrido un delito contra la salud pública.