La Audiencia de Palma da cinco días a Torres para que ingrese en prisión

Apenas un día después de que el Tribunal Supremo hiciese pública la sentencia definitiva del caso Nóos, la Audiencia Provincial de Baleares, encargada de juzgar en 2016 un macroproceso que sentó en el banquillo a hasta un total de 17 acusados --entre quienes se encontraba, por primera vez, un miembro de la Familia Real--, ha otorgado cinco días de plazo a Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, para que ingrese en prisión.

Torres ha comparecido a las nueve de la mañana en dependencias judiciales para recoger el mandamiento de prisión, mientras que a lo largo de la jornada lo harán también el exduque y el expresidente del Gobierno autonómico y exministro Jaume Matas principales condenados de unas pesquisas que en 2010 pusieron el foco en las actividades irregulares desplegadas, a través del Instituto Nóos, por el marido de la Infanta Cristina.

Sin dilaciones, el tribunal de la Sección Primera ha ejecutado la entrada en prisión de Torres y le ha concedido, como es habitual en estos casos, un plazo de cinco días para que el inculpado ingrese en la cárcel a contar desde el momento en que le ha sido notificado el requerimiento, pasadas las 9.20 horas.

Desde que el pasado 21 de marzo se celebrase la vista en la que acusaciones y defensas esgrimieron sus respectivos alegatos a favor de anular sus penas o incrementar las mismas, el yerno del Rey Felipe VI, Torres y Matas han permanecido especialmente pendientes de su futuro penitenciario.

Principales condenados

Los tres procesados fueron, en febrero del pasado año, los principales condenados por la Audiencia de Palma a raíz de su intervención en las contrataciones millonarias con las que el Instituto Nóos se vio favorecido desde Baleares y la Comunidad Valenciana. No en vano, el tribunal les sentenció, respectivamente, a seis años y tres meses de cárcel --pena que el Supremo ha rebajado a los cinco años y diez meses--, ocho años y medio --reducida a cinco años y ocho meses-- y a tres años y ocho meses --condena que el alto tribunal ha acordado mantener intacta--.

Urdangarin, Torres y Matas ven así resueltas sus dudas en torno a su situación procesal, si bien tienen ante sí varios escenarios posibles que, sin embargo, no les garantizan eludir su ingreso en prisión: pedir el indulto, medida de gracia cuya concesión recae en manos del Gobierno central, e impugnar su condena ante el Tribunal Constitucional. Respecto al primero de los casos, el artículo del Código Penal establece la pertinencia de suspender la pena cuando la finalidad de ésta "pudiera resultar ilusoria", es decir, ante la posibilidad de que el procesado cumpliese la condena en vano por el hecho de que el Ejecutivo central decidiera finalmente indultar al penado.

Matas ya solicitó el indulto

En el caso de Matas, éste ya se acogió en su día a tal posibilidad, si bien el Gobierno le denegó el perdón y tuvo que cumplir los nueve años de prisión que le fueron impuestos, por un delito de tráfico de influencias, en el marco del primer juicio del denominado caso Palma Arena --una de cuyas piezas, la 25, constituye el caso Nóos--. El expresidente balear alegó en su petición de indulto que su encarcelamiento conllevaría “efectos desocializadores” sobre él y “en nada serviría para conseguir una supuesta reinserción social o reeducación”.

Previamente, la Audiencia balear había rechazado sustituir por multa la condena de nueve meses al considerar "inasumible" para la sociedad que "el titular de uno de los poderes del Estado en la fecha de los hechos [durante la legislatura 2003-2007] cometa un delito de tráfico de influencias", lo que a juicio de la Sala constituye "un delito contra el Estado de Derecho por parte de quien ha sido presidente de la Comunidad Autónoma balear”. Una de las magistradas que componían el tribunal que denegó la medida fue Rocío Martín quien, precisamente, integra la Sala que juzgó el caso Nóos y que ha requerido el ingreso en prisión de Urdangarin.

Urdangarin siempre ha defendido su inocencia

El marido de Cristina de Borbón, sobre quien pesan delitos de prevaricación continuada y malversación (ambos en concurso), tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales, siempre ha apelado a su inocencia. Tal y como ha alegado prácticamente desde que germinaron las investigaciones, era un simple mediador sin conocimientos de derecho administrativo que, por tanto, desconocía los entresijos de la contratación con las instituciones.

Sin embargo, el Supremo sostiene todo lo contrario: se valió de la “situación de privilegio de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces Jefe del Estado” para que Nóos fuese contratado por las Administraciones “orillando toda concurrencia y los condicionantes que podrían derivarse de una tramitación ajustada a la legalidad”.