La urgencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por salir del paso ante la ola de protestas en contra de la sentencia a La Manada, le ha llevado a restablecer una comisión para revisar los delitos sexuales del Código Penal. Pero la polémica se ha despertado cuando se ha dado a conocer que dicha comisión --creada en los años setenta-- está conformada solo por hombres y con un promedio de 67 años.

La sección penal de la Comisión General de Codificación, órgano que debe comenzar la revisión de los delitos sexuales en el Código Penal, comenzará este jueves sus trabajos. La Comisión tiene el encargo del Ministerio de Justicia de plantear posibles cambios en la redacción del Código Penal, que, según argumenta el ministro Catalá, citando la jurisprudencia del Supremo, es "farragosa y compleja" en cuanto a los delitos sexuales.

La sentencia de ‘La Manada’

El encargo es consecuencia de la reacción social a la sentencia del caso de La Manada, en la que la Audiencia de Navarra condenó a los cinco acusados a nueve años de prisión por abuso sexual agravado, pero no por violación.



La clave de la sentencia está en que los jueces no entendieron que hubiera violencia o intimidación en la actuación del grupo y esos son los elementos que distinguen entre una agresión sexual o violación y un abuso sexual, aunque éste sea con penetración.

Incorporación temporal de mujeres

La reunión llega precedida por la polémica, en especial por la composición del órgano, formado por veinte hombres y ninguna mujer, lo que ha motivado que 25 catedráticas de Derecho Penal hayan pedido que todos los miembros de la comisión dimitan y se nombren nuevos integrantes a partir de un criterio de paridad. También el PSOE y Unidos Podemos han tomado iniciativas parlamentarias para tratar de promover ese reparto igualitario. La reacción del Ministerio de Justicia fue la de incorporar a varias expertas de forma puntual para tratar este asunto.



Finalmente, el lunes anunció la incorporación de cinco mujeres especializadas a la sección penal de la Comisión General de Codificación para tratar este asunto, aunque poco después una de ellas, Mirentxu Corcoy, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, renunció al percatarse de que no se trata de una incorporación permanente a esa comisión, sino de una participación puntual. Por lo tanto, participarán en los trabajos Avelina Alonso de Escamilla (catedrática de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo), Carmen Lamarca Pérez (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III), Blanca Hernández Oliver (letrada de las Cortes Generales y exdelegada del Gobierno de Violencia de Género) y Victoria Ortega (presidenta del Consejo General de la Abogacía Española).



La de Corcoy no es la única renuncia que se ha producido, dado que también ha dimitido el catedrático de Derecho Penal Francisco Muñoz Conde. En su caso, según ha dado a conocer El Periódico, envió una carta al presidente de la Comisión, Esteban Mestre, en el que mostraba su rechazo a participar en una decisión que considera "demagogia punitiva".