Los hechos ocurrieron en 2013. El arquitecto Jaime Canals Casabó contactó con el empresario Josep Perallada Moncusí y le propuso invertir en una sociedad inmobiliaria que se encargaría de llevar a cabo una promoción de viviendas en Barcelona.

Canals pondría el proyecto, los planos y el plan estratégico. Perallada, unos 100.000 euros como primera aportación para la constitución de la empresa promotora.

El banco en la trama

Para llevar a término el proyecto, Canals Casabó se conjuró con José Martínez Juan, director de una sucursal del Banco Sabadell en Barcelona. El empleado bancario prepararía la documentación en una cuenta corriente mancomunada en la que ingresar los recursos y desde la que proceder a los pagos que fueran suscitando.

Canals Casabó le dijo a Perallada que constituirían una empresa tal efecto. Pero todo era una treta: la empresa ya estaba constituida. Se trataba de la sociedad Conesa 2007 Promociones SL, de la que era principal accionista Canals Casabó.

Los 100.000 volaron

Perallada, convencido por Martínez y el arquitecto, depositó los 100.000 euros en la cuenta y esperó el devenir de la supuesta inversión. Con el paso del tiempo, y extrañado por  la falta de noticias, este empresario reclamó una actualización de cuentas y constató que, efectivamente, alguien había vaciado el capital de la libreta mancomunada (era perceptiva la firma de Canals y de Perallada para efectuar cualquier transacción). De 100.000 euros pasó sólo en pocas semanas a escasos 3.000.

Contrariado y agraviado, Perallada instó acciones penales contra Martínez y contra Canals y ganó el juicio. La sala 5 de la Audiencia Provincial de Barcelona les condenó a dos años por apropiación indebida y al Banco Sabadell al retorno de los 100.000 euros como responsable civil subsidiario.

Para perplejidad del denunciante, el tribunal ordenó que el dinero estafado fuera pagado a Conesa 2007 Promociones SL, participada por Conesa y parte de la trama. Es decir, culpable y (según el juez) víctima a la vez. Los abogados de José Perallada Moncusí, alarmados por la situación, ultiman el preceptivo recurso ante el Tribunal Supremo.