Una concentración feminista ha canalizado la ira ciudadana por la sentencia judicial contra La Manada. Grupos de mujeres y hombres y activistas feministas han protestado a las puertas de la Audiencia Provincial de Navarra tras conocerse que José Ángel Prenda y los otros cuatro jóvenes han sido condenados a sólo nueve años de prisión por abuso sexual.
Los concentrados han lamentado que el grupo de fiesteros, que se cebaron con una chica en un portal durante las fiestas de San Fermín en 2016, hayan sido sentenciados tras probarse solamente un delito de abuso sexual continuado, pero que se haya descartado la agresión sexual y agresión sexual con agravantes, esto es, la violación.
"Es violación, no abuso"
El grupo de vecinos de Pamplona solidarios con la joven de 18 años que fue conducida mediante tretas y palabras amables a un portal y allí abusada sexualmente en grupo, ha proferido cánticos como "fuera" y "es violación, no abuso sexual", en referencia a la decisión del tribunal, que ha meditado su decisión durante cinco meses tras escuchar a todas las partes.
Cualquiera que fuera el nivel de indignación, lo cierto es que la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra queda muy lejos de la petición que hizo el ministerio fiscal contra los cinco jóvenes durante el juicio, que se celebró entre el 13 y el 20 de noviembre de 2017. Durante las vistas, la fiscalía pidió 22 años de cárcel para cada uno de los cinco cinco agresores (José Ángel Prenda, Jesús Escudero Domínguez, Ángel Boza Florido, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena y Antonio Manuel Guerrero), que se repartían en 18 años por un delito de agresión sexual, dos años y diez meses por un delito contra la intimidad por grabar vídeos durante el asalto y otros dos por intimidación. También se pedía al tribunal diez años de libertad vigilada para cada uno.
Acusación popular, aún más lejos
La protesta también ha afeado que la condena emitida por el tribunal, que ha provocado también una lluvia de críticas en Twitter, quede aún más lejos de la petición de la víctima, cuya defensa jurídica pedía 24 años de reclusión para los cinco implicados.
Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno foral, ejerciendo como acusación popular, exigían una sentencia con custodia de al menos 25 años para el quinteto.