Prisión para la directora de una residencia que se compró un Jaguar con el dinero de un anciano

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres años de prisión impuesta en diciembre de 2016 a una mujer que aprovechó su cargo como directora de una residencia geriátrica para quedarse con el dinero obtenido de la venta de parcelas de uno de los residentes. Ha quedado demostrado que una parte de este dinero lo utilizó para comprarse un vehículo de la marca Jaguar.

El alto tribunal ha ratificado la sentencia de la Audiencia de Alicante, que condenó a María Ignacia I.B. a tres años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. El Tribunal Supremo considera que ha quedado probado que la ex directora de la residencia de ancianos de Torrevieja utilizó la confianza otorgada por uno de los residentes, Pablo Anselmo F.O., para otros fines a los previstos.

Venta de parcelas por 54.000€

Según la sentencia, Pablo Anselmo formalizó en el año 2003 ante notario una escritura de poder general a favor de la directora de la residencia --que dejó el cargo en 2008-- "tan amplio y bastante como en Derecho requiera y sea necesario". Esto le otorgaba la facultad, entre otras, de administrar bienes muebles e inmuebles y disponer, enajenar, gravar, adquirir y contratar toda clase de bienes.

La acusada utilizó el poder conferido y "con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito" vendió tres parcelas por un total de 54.000 euros, quedándose con esta cantidad obtenida. De hecho, una parte de este dinero –unos "36.000 y pico" euros, según María Ignacia I.B.– lo utilizó para comprarse un vehículo de la marca Jaguar, subraya la sentencia.

"No quería dejar nada a sus hijos"

Meses después, la acusada vendió otro de los terrenos del anciano a una empresa con la que éste había mantenido un litigio judicial. La cantidad de esta operación se ingresó en una cuenta que fue abierta por la propia acusada y cuya titularidad compartió con la víctima, algo que era incompatible por su cargo. Tras el fallecimiento de Pablo Anselmo fue retirada del banco.

María Ignacia se defendió alegando que el anciano le otorgó dicho poder porque "no quería dejar nada a sus hijos" y con la intención de que ella "hiciera suyo tanto los precios de las compraventas, como acto de liberalidad". Sin embargo, los magistrados consideran que durante todo el procedimiento ha quedado probado que la directora de la residencia se aprovechó "de las circunstancias de edad, enfermedad o dificultades psicológicas de la víctima para el otorgamiento del poder notarial", ya que no hay prueba de que su capacidad mental estuviera "mermada".

La Cruz Roja, en su testamento

El Tribunal Supremo asume los argumentos de la Audiencia de Alicante, que consideró las afirmaciones de la acusada como "contrarias a lo que la lógica y la experiencia enseña que constituye el modo normal de proceder de las personas".

Pablo Anselmo, que abandonó la residencia cinco meses después de ingresar en ella, podía haberle otorgado una escritura de donación o incluirla en su testamento, como hizo con la Cruz Roja, si su propósito era que María Ignacia dispusiese con libertad de sus bienes.