El Gobierno envió a principios de año una carta a los jubilados para comunicarles que las pensiones subirían en 2018 el 0,25%, el mínimo marcado por la ley. En paralelo, los precios –el IPC– aumentan seis veces más. La indignación de los que recibieron la misiva fue inmediata y ha desatado las protestas periódicas protagonizadas por trabajadores retirados en varios puntos del país.
El texto estaba lleno de “cifras macroeconómicas, frases técnicas y frías”, que hacían el mensaje difícil de entender. Según publica este martes la Cadena Ser, una parte del Gobierno considera que la estrategia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para comunicar la subida de las pensiones fue una decisión poco acertada.
Acuerdo
Los pensionistas consideran que el aumento del 0,25% es “insuficiente” y reivindican que la variación anual vaya ligada al incremento del coste de vida. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que se celebrará un debate en el Congreso sobre el tema. Báñez llamaba el lunes a la “responsabilidad” de los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo mayoritario en esta materia.
La ministra prometió hace cuatro años que enviaría una carta informativa a los mayores de 50 años en la que se les comunicaría las condiciones de jubilación. Unas 200.000 personas han firmado una petición para que Báñez cumpla con su palabra y envíe la misiva para que sea más “transparente”.
Movilizaciones
En este tenso clima, los jubilados se han vuelto a manifestar este martes, 6 de marzo, por la “indignidad” de las pensiones y la subida del 0,25% aplicada este año en estas retribuciones. Lo han hecho en un número de 400, según la Guardia Urbana, ante la Delegación del Gobierno en Barcelona.
Convocados por la Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya, CCOO y UGT, los pensionistas han gritado al ritmo de “No al 0,25%”, “Queremos pensiones dignas”, “Más pensión, menos miseria” y “No queremos limosnas”, entre otros. Se quejan por la pérdida de poder adquisitivo, ya que desde 2013 estas retribuciones solo se han incrementado el 0,25% por año y no se equiparan con el IPC.
El secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco, y el de UGT de Cataluña, Camil Ros, han pedido la derogación de la última reforma de pensiones y las reformas laborales, así como garantizar un sistema público de pensiones universal, sostenible y suficiente. “El peligro no es la demografía, sino el PP”, ha dicho Ros. Pacheco ha añadido que hay que subirlas para “mantener una vida digna”.