La juez de instrucción número 9 de Barcelona ha enviado a la Fiscalía el informe que le acaba de entregar la Policía sobre el intento de entrada y registro en la sede de la CUP del pasado 20 de septiembre. La juez quiere someter a conocimiento del ministerio público dicho informe y la denuncia que el 6 de octubre presentó la formación antisistema contra el Cuerpo Nacional de Policía cuyos agentes antidisturbios rodearon el local de la calle Casp con intención de proceder a registrarlo.
El registro nunca se produjo pero los antisistema consideraron aquel intento como un acto amedrentador “más propio de una organización mafiosa que de un organismo público como es la policía en una sociedad democrática”. Según la organización antisistema, la denuncia se presentó al considerar que aquel intento de registro fue un “ataque” a la libertad política de sus miembros.
Varios delitos
En la denuncia, la CUP atribuye a la Policía española los presuntos delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y otras garantías a la intimidad cometidos por funcionarios públicos y coacciones graves. Consideran que hubo coacciones cuando los policías actuaron contra la libre circulación de los miembros de su organización política al constituir el cordón policial que se instauró durante seis horas y el “intento de asalto” a la sede sin orden judicial.
Asimismo, ven un delito contra la inviolabilidad domiciliaria y otros derechos en la incautación del material político sin orden judicial, sin levantar ninguna acta, “sin amparo legal o jurídico”, y el intento de entrar en su sede, recordando que son una organización política y que merecen especial protección.
La policía se defiende
El informe de la Policía remarca que en ningún caso hubo coacción alguna sino que estaban a la expectativa de una anunciada orden judicial que finalmente no se cumplimentó. Fuentes judiciales apuntan que, con mucha probabilidad, cuando la juez reciba el informe del fiscal procederá a su archivo.