El Govern balear ha anunciado este jueves una novedosa medida para reducir los efectos nocivos de la presión turística en Formentera. La nueva ley, pionera en el país, obligará a todo aquél que quiera acceder con su coche o moto a la isla de un permiso previo que será concedido por el Consell insular.

La norma, que está prevista que se apruebe a finales de este año o principios de 2019, habilitará al Consell de Formentera a fijar un techo de vehículos en temporada turística que incluirá los coches y motos de los residentes, las flotas de las empresas de alquiler y las tarjetas asignadas a visitantes, que tendrán que ser solicitadas con antelación.

Masificación de vehículos

La pequeña isla alcanza en plena temporada alta los 47.000 residentes entre visitantes, vecinos y trabajadores de servicios, casi cuatro veces su población empadronada. Todos ellos generan un tráfico de unos 30.000 vehículos por una red viaria de tan sólo 38.500 metros de longitud, una presión que el Govern, atendiendo a la demanda unánime de las fuerzas políticas formenterenses, se ha propuesto aliviar.

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha detallado este jueves el contenido del borrador de la Ley de Medidas Urgentes de Sostenibilidad Ambiental y Turística para la Isla de Formentera.

El conseller ha destacado que tanto el techo de vehículos como la temporada en que será preceptiva la tarjeta de circulación especial los determinará la institución insular a partir del análisis de la situación del próximo verano. Una temporada donde previsiblemente se superarán las cifras de visitantes y coches de los anteriores, puesto que se viene produciendo un crecimiento anual del 7% desde hace tiempo.

Justificación de la medida

El "riesgo de ruptura del equilibrio medioambiental" y la incomodidad que genera la circulación diaria de 30.000 vehículos en Formentera en temporada alta justifica la adopción de estas medidas drásticas e inéditas en España. Según el conseller balear, los únicos precedentes similares se dan en Italia –concretamente en la isla de Capri, ocho veces menor–, y en los Países Bajos, en islas todavía más pequeñas.

Por otra parte, el propio Pons se ha encargado de anunciar que en paralelo a la restricción de coches y motos, se mejorará el transporte público en Formentera para garantizar la movilidad de los visitantes que no puedan o no quieran utilizar vehículos propios o de alquiler.

Actualmente hay registrados en la isla unos 10.000 vehículos de residentes y otros tantos de empresas de alquiler, mientras que los otros 10.000 de temporada alta son principalmente los que llevan las empresas de alquiler para atender la demanda de turistas.

Preguntas en el aire

Aunque ha eludido cifrar el techo que deberá fijarse, Pons ha asegurado que el propósito es reducir los 30.000 garantizando el derecho de circulación de los residentes, el transporte de mercancías y el de personas con movilidad reducida, así como fomentar el uso de vehículos eléctricos.

El número de vehículos que podrá tener cada residente, las excepciones para los trabajadores de temporada, las fórmulas de adjudicación de las tarjetas para flotas de alquiler y el cupo que se reservará para vehículos particulares foráneos son detalles que corresponderá fijar al Consell insular cada temporada.

Pons ha destacado que el "paso valiente" que supone la futura ley está avalado por el consenso social y político existente en la pitiusa menor y por las competencias que tienen en materia de turismo, transporte y medio ambiente el Govern y el Consell insular, que además es el ayuntamiento de la isla.