El Tribunal de Corts, que preside el magistrado Josep Maria Pijuan, de momento no se ha pronunciado sobre algunas de las polémicas y trascendentes “cuestiones previas” que le plantearon algunos abogados durante la primera semana de la vista oral por el llamado caso BPA. Se ha pospuesto esa decisión.

En concreto, el tribunal se reserva para más adelante su posicionamiento sobre, por ejemplo, el alegato de la letrada Anna Solé, quien denunció ante la sala que la maniobra de la Fiscalía andorrana para captar como testigo al imputado en España Rafael Pallardó es irregular y, por lo tanto, todo aquello que declaró éste ante la juez instructora andorrana debe declararse nulo.

Si esa declaración se anulase, el sumario BPA se desmoronaría como un azucarillo.

Otra vez Pallardó

Pallardó, imputado en España en la Operación Emperador por blanqueo de capitales, ofreció a la Fiscalía española, primero, y a la justicia andorrana, después, una incendiaria declaración que llevó al CEO del banco Joan Pau Miquel a prisión preventiva.

Meses después, Pallardó envió una carta a la justicia andorrana en la que dijo que lo declarado fue fruto de amenazas y coacciones.

Esa patata caliente se la reserva para más adelante el tribunal. De momento, sí se ha pronunciado sobre la petición de apartar de la acusación particular al Gobierno andorrano. En una resolución de 30 páginas que se acaba de hacer pública, el Tribunal de Corts de Andorra ha desestimado la petición de las defensas de los 25 acusados por el caso BPA, que pretendían sacar de la causa al Ejecutivo de Antoni Martí.

La defensas contra el gobierno

Para las defensas, la presencia del Ejecutivo andorrano como acusación en este juicio por blanqueo internacional de capitales “es un elemento distorsionador y fuera de la legalidad dado que es el ministerio público el garante constitucional de la salvaguarda del interés público y, por lo tanto, la presencia del Gobierno como acusador particular no tiene sentido ni marco legal”, dicen los abogados.

El tribunal que preside Pijuan no comparte este criterio. Según los magistrados, si el Gobierno se ha sentido perjudicado está en su derecho de personarse en la causa contra los antiguos propietarios del banco. Será durante el trascurso del juicio cuando se delimitarán, si existieran, las eventuales  responsabilidades.