Desacata una orden judicial en Ibiza porque está escrita en catalán

Trece meses después de serle notificada la orden judicial por la que está obligada a derribarla, la propietaria de un conocido complejo residencial de Ibiza sigue sin acatar la resolución alegando que está escrita en catalán. Francisca Sánchez Ordóñez, más conocida como Paquita Marsans, solicitó la traducción del documento al castellano, pero aún no la ha recibido y se ampara en ello para mantener su negocio a flote.

La mansión, conocida como Casa Lola, está ubicada en la zona de Es Cubells y en ella han pasado sus vacaciones, en los últimos años, el expresidente del Gobierno José María Aznar, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y cantantes como Paulina Rubio o Manu Tenorio.

Orden dictada en octubre de 2016

La sentencia, dictada en octubre de 2016 por el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Palma de Mallorca, decreta la demolición del edificio, que cuenta en la actualidad con un total de 21 habitaciones, debido a que la mayor parte de las obras llevadas a cabo en el mismo son ilegales, tal y como confirman fuentes judiciales a Crónica Global, que precisan que es la gerencia del Ministerio de Justicia la encargada de tramitar las traducciones que soliciten las partes.

No obstante, años antes de que los juzgados se hicieran cargo de este procedimiento, en 2012 el Ayuntamiento de Sant Josep ya había abierto expediente tras detectar las irregularidades y, de hecho, el inmueble ha sido precintado varias veces en los últimos años mientras la dueña de la instalación se resiste a cerrar las puertas de forma definitiva.

La defensa no entiende el catalán

La defensa de Marsans alegó, tras serle notificada la orden de derribo, no entender el catalán, lengua en que fue dictada la resolución, por lo que la propietaria se niega a acceder a la demolición mientras el fallo no sea traducido. Una vez obtenga el documento en castellano, la dueña de Casa Lola podrá alegar los argumentos que estime convenientes contra la decisión judicial.

Mediante la sentencia, el juzgado desestimaba el recurso interpuesto por la propiedad, Inversiones Hoteleras Faro, contra la orden de demolición previamente adoptada por la junta de gobierno local en diciembre de 2014. En concreto, las obras que deben demolerse son ocho estancias ubicadas en la planta baja que suman 933 metros cuadrados, terrazas cubiertas de 342 metros, sendas piscinas de 84 y 68 metros y una cisterna de 36 metros, además de varios muros y divisiones interiores.

Levantó los precintos sin autorización

El celador de obras, en una visita de control realizada en 2012, levantó acta tras detectar que los trabajos de construcción que se estaban llevando a cabo en Casa Lola no contaban con la licencia correspondiente, motivo por el que en diciembre de ese mismo año el ayuntamiento ordenó paralizar las obras y precintar el establecimiento. Según recriminó entonces el consistorio, la propiedad no sólo decidió “ignorar la orden, sino que levantó los precintos sin autorización y sigue trabajando”.

Tras acudir a los tribunales, estos, finalmente, han dado la razón a la corporación municipal, que sigue atentamente los pormenores que rodean a la construcción a la espera de que la propietaria acate la orden judicial.

No es el único incidente en el que se ha visto envuelta Marsans. En agosto de 2013, la empresaria, originaria de Marbella, fue arrestada y enviada a prisión por fraude fiscal. Se encontraba en busca y captura desde que en febrero de 2008 fuese condenada a dos años por eludir el pago de 867.469 euros a Hacienda. Salió de la cárcel en junio de 2014.