Shakira vuelve a estar en el foco de todas las miradas. La Agencia Tributaria ha denunciado a la cantante por un presunto fraude fiscal durante los últimos cuatro ejercicios, una denuncia que se interpuso a finales del año pasado, después de que una inspección decidiera suspender sus trabajos y remitir la información a los fiscales.
Tras recopilar varios informes, la acusación pública es la que debe decidir si los datos aportados coinciden con la investigación llevada a cabo por Hacienda, y en caso de ser así, presentar una querella.
El entorno desmiente las acusaciones
El entorno más cercano de la cantante colombiana asegura que siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales y que, en caso de demostrarse, está dispuesta a asumir las "consecuencias económicas de las discrepancias técnicas que tiene con la inspección de Hacienda". Las mismas fuentes explican que todo se trata de una "diferencia de criterio y no de un ocultamiento fiscal".
La cantante cuenta con los servicios de unos de los despachos más prestigiosos del país, Price Waterhouse. La de Barranquilla ingresa anualmente una cantidad aproximada de 25 millones de euros, gracias a sus diferentes negocios, aunque su máxima fuente de ingresos proviene de su profesión como cantante.
¿Malentendido por la residencia fiscal?
Desde que Shakira formalizó su relación con Gerard Piqué en 2011 y hasta 2014, la artista colombiana mantuvo su residencia fiscal fuera de España. En 2015, estableció definitivamente su residencia en Barcelona a todos los efectos. Las fuentes de la cantante defienden que ésta no tuvo casa propia en Barcelona durante estos años y, que no fue hasta 2013, cuando tuvo el primer hijo con su pareja.
El delito de fraude fiscal, del que se han visto salpicados muchos otros famosos como Leo Messi o Cristiano Ronaldo, aún en proceso judicial, se agrava en su caso por la cantidad que supone a las arcas públicas. La inspección sostiene que esos cuatro ejercicios --del 2011 al 2014-- la cantante ya debería haber declaradon como residente en España por la mayor parte de todos sus ingresos.
La ley establece que cualquier persona residente en España debe tributar en el territorio en el marco del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). En caso de no ser residente, sólo debería hacer frente a los impuestos derivados de sus ingresos, que en este caso sólo se aplica un 24%.