El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau, ha optado por fomentar la delación ciudadana para elaborar un censo sobre pisos y equipamientos municipales okupados del que ahora carece. El problema es especialmente grave en el distrito de Ciutat Vella, donde la existencia de narcopisos en el barrio del Raval ha generado una notable conflictividad y represalias vecinales.

El pasado 12 septiembre de 2017, Ciudadanos presentó una propuesta en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Barcelona en la que instaba a elaborar un censo de viviendas y equipamientos de titularidad municipal y privada ocupados ilegalmente en la ciudad.

La formación naranja reclamó que ese censo se hiciera por distritos y que en el mismo constasen: la fecha de inicio de la okupación, las actuaciones hechas por parte del consistorio y un compromiso de dar una solución. En el caso de tratarse de una familia vulnerable, precisaba Cs, los servicios sociales se harían cargo de los ocupantes, pero en el supuesto de que fuera una okupación de miembros de grupos antisistema, exigían que el desalojo fuera inmediato.

Envío masivo de fichas

Cs recordaba en su petición tanto los conflictos vecinales que generan las ocupaciones ilegales como la ausencia de un censo de viviendas y equipamientos municipales okupados.

Para sorpresa del grupo de la oposición, la respuesta del consistorio fue hacer un envío masivo de fichas sobre viviendas vacías detectadas para que los barceloneses las rellenen. El ayuntamiento pide nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico de quien facilita la información, la dirección exacta de los pisos vacíos detectados, datos de sus propietarios y de los administradores de fincas –si se conocen--, así como el estado de la vivienda –tapiada, puerta antiokupa instalada o alarma-- y las observaciones que se deseen realizar.

La reacción del consistorio ha sido criticada por la líder municipal de Cs, Carina Mejías, quien, en declaraciones a Crónica Global, cuestiona que Colau encomiende ese inventario a los ciudadanos en lugar de encargarlo a funcionarios o a la Guardia Urbana. “Ahora, ante la invasión de pisos okupados en Ciutat Vella, Gala Pin (responsable de este distrito) envía una ficha a los vecinos para que hagan el trabajo que le corresponde al ayuntamiento”, denuncia Mejías.