La reforma de la ley antitabaco viene con polémica. En junio, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley que, según unos, se queda corto, y establece las bases para restringir más, según otros. Se trata de una transposición de la directiva europea sobre productos del tabaco y relacionados. A la espera está la reforma de la ley, que todavía no ha iniciado su tramitación parlamentaria.

El foco está en los cigarrillos electrónicos. Así como las normas de 2006 y 2011 afectaron a la industria tabaquera tradicional, se espera que a partir de ahora las restricciones se concentren en los nuevos productos, a los que todavía no se les aplican las mismas regulaciones.

De momento, el anteproyecto, que se tramitó por la vía del real decreto ley --considerada de urgencia--, no ha gustado ni a Competencia ni a los vendedores de cigarrillos electrónicos ni al Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT).

Restricciones en la venta

El auge de los cigarrillos electrónicos fue en 2013; tan intenso como fugaz. Un año después, un 95% de las 3.000 tiendas que abrieron para aprovechar el boom de este producto desaparecieron. Ahora, son 300 los distribuidores que operan en España. “Aguantamos sufriendo; sólo sobrevivieron los establecimientos especializados, que ofrecen un producto variado y de calidad y un buen servicio”, asegura el responsable de la tienda iVapeo en Barcelona.

Están de acuerdo con algunas de las novedades que incluye el anteproyecto de ley en su sector, como la necesidad de verificar la edad del comprador y de reforzar el régimen sancionador, ya que consideran que “protegen más al usuario y al comercio”. También para evitar la venta a menores, la norma plantea la prohibición de la venta online de cigarrillos electrónicos.

El “monopolio” de los estancos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no lo ve bien. En su informe para valorar el escrito, el órgano recomienda buscar “alternativas menos distorsionadoras”. “Esto dejaría a los que viven fuera de las grandes ciudades sin posibilidad de consumir el producto”, creen desde iVapeo.

Competencia tampoco está de acuerdo con la restricción de la venta de los cigarrillos electrónicos a estancos y tiendas especializadas, y propone terminar con el “monopolio”. La vicepresidenta del CNPT, Adelaida Lozano, asegura que, en términos de salud pública, “habría que quitas las máquinas expendedoras de los bares y restaurantes y restringir los puntos de venta al máximo”.

¿Mismos impuestos?

Una de las medidas ausentes del anteproyecto de ley del Gobierno es una subida de los impuestos. La ley antitabaco de 2006 lo hizo con los cigarrillos convencionales y, más tarde, con el tabaco de picadura. Los cigarrillos electrónicos se han quedado, de momento, con la misma tasa. Los sectores que velan por la prevención del tabaquismo creen que la imposición debería equipararse a la de los productos tradicionales, ya que “está probado que los cigarrillos electrónicos son perjudiciales para la salud”, indica Lozano.

Sin embargo, la industria considera que tanto esto como la prohibición de vender por internet provocarían un trasvase de consumidores de cigarrillo electrónico a tabaco. “Los usuarios miran mucho el dinero y ahora sale mucho más barato la primera opción; la subida de impuestos sería un revés seguro”, indica el responsable de iVapeo. Mientras que un consumidor de cigarrillos electrónicos puede gastarse una media de 60 euros mensuales --más el sistema de unos 35 euros, que sólo se compra una vez--, el gasto del fumador convencional puede duplicarse.

El CNPT considera que las medidas antitabaco deben aplicarse de igual manera a los nuevos productos. “El cigarrillo electrónico es una puerta de entrada a fumar para la población joven; además, no hay pruebas de que ayuden a dejar de fumar, por lo que no es útil es este sentido”, advierte Adelaida Lozano. La reforma de la ley antitabaco puede poner coto al negocio, como ya hizo antes con el tabaco.