No están de acuerdo con el Plan Especial de Ordenación de La Rambla que prepara el gobierno de Ada Colau. Por eso, los artesanos, pintores y estatuas humanas que trabajan en el mítico paseo barcelonés han decidido plantarse y han presentado alegaciones con las que poner fin a lo que llaman privatización del espacio en el que ejercen sus profesiones.
Uno de los principales desacuerdos que los artistas callejeros combaten es el punto en el que Barcelona en Comú se refiere a ellos como elementos de ocupación en superficie, junto al arbolado, accesos de metro, monumentos, mobiliario, quioscos, terrazas y elementos de señalización.
“Invitamos a la concejalía a cambiar esta visión reduccionista hacia una más comprensiva y reconocedora perspectiva de nuestra aportación al patrimonio cultural inmaterial que se está intentando proteger y preservar”, firman los representantes de las tres profesiones.
Perseguidos
Aseguran que los planes de Colau no respetan el artículo 20 de la Constitución Española “al prohibir, perseguir, multar e incautarse de los instrumentos artísticos y bienes personales de los artistas de calle”, por considerar venta ambulante la cultura y llevar al gobierno, dicen, a inventar un impuesto anticonstitucional de tasas de vía pública a las licencias para ellos.
Añaden, además, que el plan urbanístico se aplicó únicamente a la cultura callejera eliminando 38 puntos de actuaciones para los pintores y “amontonando” a las estatuas humanas en la zona que consideran inhóspita de Santa Mónica, a la que pocos ciudadanos y turistas que pasean por la zona se acercan. Allí solo caben cinco artistas y tienen que hacer turnos para poder trabajar todos.