El juez Castro cuelga la toga tras 41 años de trayectoria

El juez José Castro cuelga la toga. Y lo hace tras 41 años de trayectoria cuya recta final ha condensado las principales investigaciones por corrupción política impulsadas en Baleares. Entre otros casos, durante más de cinco años ha puesto en jaque a la monarquía tras colocar el foco en las actividades ilegales desplegadas por Iñaki Urdangarin y en el papel que la infanta Cristina pudo ejercer al frente de la red delictiva urdida por su marido.

Este martes fue el último día de trabajo de Castro antes de acceder a la jubilación forzosa. La Ley Orgánica del Poder Judicial fija en 70 años el límite de edad para que un magistrado pueda permanecer en activo, excepto en el caso de los jueces de instrucción, que pueden retirarse a los 72 si así lo solicitan. Y Castro, quien se acogió a esta posibilidad legal para culminar las numerosas causas que tenía sobre la mesa por concluir, los cumple mañana.

“Creía que estaba preparado anímicamente, pero no”

Pasadas las nueve de la mañana, el juez cordobés de nacimiento hizo acto de presencia en los Juzgados de Palma de Mallorca tras descender en su moto la rampa que tantos encausados han tenido que recorrer a lo largo de estos años. Entre ellos la propia exduquesa de Palma, quien el 8 de febrero de 2014 la atravesaba en coche para declarar, en una jornada sin precedentes, como imputada en el caso Nóos.

La aparición del magistrado, quien de inmediato fue abordado por cámaras y periodistas, generó la algarabía que él mismo esperaba.

“Me he preparado para este momento económicamente y creía que también lo estaba anímicamente, pero no”, confesó el juez, Pepe para los amigos y allegados. Visiblemente emocionado, aseguró que, si de él dependiera, continuaría al frente de su juzgado, el de Instrucción número 3 de la capital balear: “Si tuviera que subirme a un andamio ya les digo que no lo haría, pero seguiría trabajando en mi mesa y mi despacho”.

“Me siento muy feliz pero también amargado”

Tal fue su despedida en dependencias judiciales que aseguró sentirse “muy feliz pero también amargado": "Dejo algo que ha representado mucho para mí”. Y es que, tras la celebración de sus últimos juicios por delitos leves --cada dos semanas presidía vistas rápidas y se encargaba de tomar declaración a detenidos--, más de cuarenta compañeros, jueces y funcionarios en su mayor parte, acudieron por sorpresa a la sala donde ha practicado tales diligencias para rendirle un caluroso homenaje.

El juez Castro, este martes, en su despedida en su juzgado / EFE

Cuando el agente judicial proclamó “audiencia pública” para que accedieran quienes presumiblemente iban a asistir a un último juicio que sólo Castro creía que quedaba por celebrarse, un tumulto de magistrados, fiscales y funcionarios entró en la sala para brindar su reconocimiento a la extensa trayectoria del juez, asombrado y conmocionado ante tal aglomeración. Los aplausos se prolongaron y las lágrimas no tardaron en aflorar.

Recaló en Mallorca en 1985

Su carrera en la judicatura, a la que accedió por oposición en 1976, es inabarcable. Estricto en sus interrogatorios y riguroso en sus resoluciones, Castro, el juez que más tiempo lleva al frente de un juzgado de instrucción en Baleares, recaló en Mallorca en 1985, no sin antes haber pasado por dependencias judiciales de Dos Hermanas y Lanzarote. En la isla, fue en 1990 cuando le nombraron titular del Juzgado de Instrucción número 3, en el que ha permanecido desde entonces. No está adscrito a ninguna asociación judicial. 

Nunca ha concedido una entrevista, a pesar de la trascendencia de las causas que ha instruido, las que está por concluir y la de los investigados en ellas. En 1992 ya indagó el intento de soborno a un edil socialista del municipio mallorquín de Calvià por parte de varios políticos del PP, quienes le ofrecieron cien millones de pesetas a cambio de apoyar una moción de censura contra la entonces alcaldesa, perteneciente al PSOE.

El juez José Castro, atendiendo a los medios a la salida de la Audiencia de Palma / EFE

Pero sin duda saltó a las primeras páginas y alteró la actualidad judicial cuando, en agosto de 2009, hizo estallar el caso Palma Arena, con la detención de varios antiguos altos cargos del PP --entre quienes se encontraba el medallista olímpico José Luis Pepote Ballester-- y empresarios que habrían intervenido en las irregularidades del velódromo, inicialmente presupuestado en cincuenta millones de euros y cuya construcción acabó costando más de cien.

El presidente millonario

El elevado tren de vida de Matas durante ese mandato (2003-07) hizo sospechar a los investigadores de que su ingente enriquecimiento podía estar relacionado con el desfase económico de una de las infraestructuras estrella del exmandatario popular.

Indagando en las millonarias partidas que durante esa legislatura salieron de las arcas públicas, el juez se topó con la organización de dos foros sobre turismo y deporte que, pese a la corta duración de los mismos, habían costado al Ejecutivo balear 2,3 millones de euros. La entidad que los había organizado era el Instituto Nóos, una organización aparentemente sin ánimo de lucro. Su presidente, Iñaki Urdangarin. A partir de ese momento, afloraría un rosario de delitos que llevarían al banquillo a 17 personas, la Infanta entre ellas.

Sin embargo, tal y como ha manifestado en declaraciones a los medios en su despedida, no quisiera ser recordado como el juez que “imputó a una persona determinada”, en clara alusión a la hermana de Felipe VI. “He pasado treinta y tantos años sin imputar a esta señora y sólo en los tres o cuatro últimos ha ocurrido esto. No quisiera pasar pero ustedes dirán si paso al olvido, que será lo más razonable, seguramente”.

La Infanta durante su declaración ante el juez Castro / EFE

Su última resolución: devuelve el pasaporte a Matas

El magistrado aprovechó su último día para adoptar una resolución respecto a quien ha centrado la mayor parte de sus pesquisas, el expresidente Jaume Matas. Lo hizo para devolverle, siete años después, el pasaporte que le retiró por riesgo de fuga y autorizarle de nuevo a que pueda salir del territorio nacional.

En su auto, subraya que de todos los condenados por el caso Palma Arena “es el único sobre el que pesa tal medida restrictiva” a pesar de que varios de ellos han sido sentenciados a penas “incluso muy superiores” y “no sólo no se han visto gravados por similar medida sino que incluso uno de ellos reside en la actualidad en el extranjero, lo que constituye un trato hirientemente discriminatorio”. Se refiere a Urdangarin, quien vive en Ginebra con seis años y tres meses de cárcel a sus espaldas a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo.

“Francamente, nunca me he sentido juez estrella ni me ha invadido esa sensación de vanagloria”.