La Audiencia de Baleares deja a Matas y a dos de sus subordinados a las puertas del banquillo

El caso Son Espases, que investiga las presuntas irregularidades que rodearon a la adjudicación de la mayor obra pública de Baleares durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-07), vuelve a reactivarse: la Audiencia Provincial ha confirmado el auto con el que el juez José Castro puso fin a la instrucción de la causa. De este modo, deja las puertas abiertas para que tanto el expresidente balear como dos de quienes fueran sus subordinados, se sienten en el banquillo para responder por los supuestos amaños del proceso de concesión, por 635 millones de euros, del hospital de referencia de las islas.

La Fiscalía Anticorrupción, que se encontraba a la espera del pronunciamiento del tribunal para presentar su escrito de acusación por este caso, dará de este modo a conocer en breve qué penas solicita para los inculpados y los delitos que les atribuye en el marco de un procedimiento judicial. En el mismo, sonaron con fuerza el nombre de Florentino Pérez --una de cuyas filiales, Dragados, se hizo con las obras de la infraestructura--, así como la conexión, finalmente descartada, de la adjudicación de estos trabajos con la financiación de la reforma de la sede nacional del PP.

Matas y tres inculpados, pendientes de la Fiscalía

En un auto de 18 páginas, la Audiencia recoge los argumentos esgrimidos por Castro en la resolución con la que el pasado mes de junio acordó mantener la imputación, de cara a su enjuiciamiento, tanto de Matas como de la exconsellera de Salud Aina Castillo, del ex director general del Instituto Balear de Salud (Ib-Salut) Sergio Bertrán y del propietario de la consultora Global PM, Jesús Peinado. Dicha consultora, fue contratada de forma presuntamente ilegal para interferir en el proceso de adjudicación y, más en concreto, en la valoración de las distintas ofertas que concurrieron al mismo.

Tan sólo Bertrán recurrió el auto del juez Castro. En su escrito, al que tuvo acceso Crónica Global, se desvinculaba de las irregularidades del expediente al asegurar que se limitó a ser un “mero mandatario” que seguía órdenes y sugerencias de Matas en un procedimiento que, en respuesta a las valoraciones de Global PM, se decantó inicialmente por la oferta presentada por la constructora OHL para, finalmente, ser otorgado a Dragados, vinculada a ACS.

En este sentido, el tribunal es tajante. Asevera, rebatiendo los alegatos del exalto cargo balear, que la decisión de contratar a Global PM la adoptó el propio Bertrán y que el objetivo de contar con los servicios de esta empresa pasaba por “dejar al margen del control de los funcionarios de la Conselleria la valoración de las ofertas económicas de los distintos licitadores para, de este modo, ajeno a toda supervisión por personas imparciales y objetivas, poder influir en el resultado del concurso”.

La oferta de Dragados, la más ventajosa

Los magistrados subrayan cómo la pretensión inicial del Govern era la de adjudicar las obras a OHL por más de cien millones de euros respecto de la oferta que hacía Dragados y que, señalan, era económicamente “la más ventajosa de todas las realizadas”.

La Sala asevera, además, que el fraude a la administración cometido mediante esta actuación no concluyó ahí. Alude en este contexto a la entrega de un sobre que Matas entregó a la exconsellera Castillo con los argumentos técnicos que motivaban la adjudicación a favor de la UTE encabezada por OHL, ordenándole que lo hiciera llegar al órgano que debía decidir la concesión de las obras y, más en concreto, al presidente de la mesa de contratación de las obras, el ya fallecido Juan Sanz.

“Esa propuesta (la de OHL) era la más onerosa y se hacía preciso que existieran razones de tipo técnico que tolerasen que le fuera otorgada la adjudicación a ese licitador, en detrimento de otras ofertas menos costosas y en concreto de la mejor posicionada Dragados”, abunda la Audiencia.

Vuelco del proceso

Sin embargo, el vuelco en el proceso se produjo cuando la propuesta de adjudicación a OHL trascendió en prensa: Matas decidió entonces echar atrás el proceso y ordenó, a fin de dar apariencia de objetividad y legalidad al concurso, que se solicitara un informe al Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma. Este órgano consideró necesario, a su vez, pedir la opinión de varios colegios profesionales, cuyo dictamen desbancó a OHL e inclinó finalmente la balanza, a finales de 2006, a favor de la empresa del presidente del Real Madrid.

“Parece que lo que en realidad se quería era tapar u oculta el amaño y que al procedimiento administrativo se le dieran en apariencia todas las bendiciones”, apuntan los magistrados.

El propio expresidente de OHL y exministro Juan Miguel Villar Mir, quien fue investigado en las pesquisas y finalmente éstas le fueron archivadas, llegó a asegurar, para desvincularse del proceso, que se enteró de la participación de su empresa cuando públicamente trascendió que la suya iba a ser con toda probabilidad la mercantil ganadora.

Florentino Pérez, ¿entre los posibles testigos del juicio?

Ahora, el ministerio público deberá calificar los hechos y determinar, asimismo, si incluye a Florentino entre los testigos que proponga en el marco de una de las principales causas que se han instruido durante estos últimos años en Baleares.

Precisamente, antes de que las pesquisas terminasen en los Juzgados, el exfiscal Pedro Horrach interrogó, el 29 de septiembre de 2014 en Madrid a Florentino Pérez, quien se desvinculó del supuesto amaño de la adjudicación y aseguró no haber cometido ilicitud alguna en el marco del expediente de tramitación.

Matas pidió "una cantidad importante" a Florentino

Cabe recordar que entre las principales declaraciones efectuadas durante las investigaciones se encuentra la del exconcejal de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, condenado en su día a dos años de cárcel por malversar 50.804 euros de las arcas municipales en clubes de alterne y a cinco por corrupción de menores. De Santos manifestó que Matas llegó a pedirle “una cantidad importante” al presidente de ACS a cambio de serle otorgada la construcción del principal hospital de las islas.

Es más, aseguró cómo el partido liderado por Matas exigía de forma habitual un 3% en comisiones por cada contrato público que sacaba a concurso y que lo hacía con la connivencia de la formación a nivel nacional. No obstante, la Audiencia asevera en su resolución que no ha quedado acreditada la presunta comisión del delito de cohecho.

El dinero público obtenido por ACS, 29 veces mayor que el de OHL 

Por su parte, el abogado de Villar Mir manifestó durante el proceso judicial que de buscarse alguna “hipotética prevaricación, nuestro defendido debería ser considerado víctima, no partícipe”, y puso en conocimiento del juez Castro cómo OHL, pese a ser una de las constructoras “más importantes de España”, en los tres años anteriores a la adjudicación de Son Espases y en el mismo de la concesión el grupo “no obtuvo más que un 0,66% del presupuesto adjudicado en contratos públicos” frente al 18,96% que logró ACS, es decir, “29 veces más”.

“A la vista de esta evidencia, resulta imposible sostener que alguien favoreció a OHL, o que OHL se concertó con alguien para defraudar a la Administración”, sentenciaba el exministro finalmente exonerado.