El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha querido dejar claro que el full de ruta de su instrucción sumarial se va a caracterizar por la asociación entre hechos punibles concretos y sus consiguientes imputaciones.

Esta acción-reacción judicial suena a obviedad, pero lo cierto es que los autos que ratifican la prisión sin fianza del exvicepresidente Oriol Junqueras, los Jordis y el exconseller de Interior Joaquim Forn marcan un antes y un después en el proceso judicial contra los exgobernantes acusados de rebelión.

Si en un principio la macrocausa tenía tintes de cuestionamiento político de unas conductas estructurales, casi genéricas, ahora queda claro que la aguja del magistrado busca zurcir hechos concretos, pruebas concretas y datos fehacientes con valor jurídico por sí solos.

El mantenimiento de Forn en la cárcel equivale a decir que la justicia incrimina y focaliza su acción instructora en actuaciones responsables y perfectamente delimitadas. Forn, jefe de los Mossos d'Esquadra poco antes, durante e inmediatamente después del 1-O “pudo hacer y no hizo, y pudo evitar, y tampoco lo hizo”, ha manifestado a este medio una fuente próxima al magistrado. Esa es la línea que se ha propuesto Llarena y con ese rumbo dirige su instrucción basada en la acción-reacción factual.

Pasan factura

En manos de Forn estaba “hacer lo que le pedían que hiciera los jueces y fiscales y de evitar lo que le pedían que evitara los jueces y fiscales”, y por ello se le atribuye ahora una mayor carga de responsabilidad concreta a pesar de que su firma en los documentos que evidencian la desobediencia del Gobierno de Puigdemont frente al Estado es del mismo valor que la del resto de sus compañeros de Ejecutivo.

Forn es último responsable, según Llarena, de la inacción policial en la investigación durante el registro que la Guardia Civil protagonizó el 20 de septiembre en la consejería de Economía. También durante los prolegómenos del 1-O. Forn es último responsable de una premeditada orden de contemporización de sus agentes ante los hechos concretos del día del referéndum ilegal. Esa es la opinión de Llarena y por eso no le juzga igual (o con la misma intensidad) que al resto de imputados en la causa. Ellos no tuvieron en su mano la capacidad de decidir que sí tuvo el extitular de Interior.

Con nombre y apellidos

Este rumbo de la causa deja en muy mala situación al exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, que continúa imputado junto a la intendente Teresa Laplana por la juez Carmen Lamela. Parece como si la justicia quisiera poner cara, nombre y apellidos a los delitos. De hecho, los informes de la Guardia Civil, refrendados por el juez instructor número 13 de Barcelona que investiga los acontecimientos previos al 1-O, son nítidos, concretos e inequívocos al menos en su conclusión. “Los Mossos fueron una herramienta para el delito que cometieron los miembros del Govern y la dirección de la ANC y de Òmnium”.

Este es un criterio técnico y jurídico que tiene seguidores y detractores. Pero es el que ha hecho suyo Pablo Llarena y, por lo tanto, según su lógica procesal, los que tuvieron en sus manos evitar que los acontecimientos tuvieran el cariz que acabaron tomando son merecedores de una mayor carga incriminatoria.