Lo propuso la CUP de Barcelona en marzo de 2016 y, pese a las voces contrarias de algunos grupos de la oposición, ha quedado aprobado. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha decidido desestimar las alegaciones formuladas a la iniciativa de crear un DNI para inmigrantes que estén en situación irregular en la capital catalana.
Se trata de una tarjeta que los cupaires pusieron sobre la mesa, principalmente, pensando en los manteros y que pretende regular el procedimiento para que obtengan un carnet de vecindad en el municipio barcelonés. Con él podrán acreditar, según la resolución de la comisión, que son vecinos a través de su situación en el padrón y “la valoración del grado de integración en la ciudad mediante sus vínculos familiares, laborales o sociales en el marco de los procedimientos de expulsión o internamiento en Centros de Internamiento de Extranjeros”.
Cohesión y acogida
El gobierno de Ada Colau pretende, de esta forma, prestar un servicio con el que, en sus palabras, contribuir a la cohesión social de la población y acogida y la integración de estas personas. Para obtenerlo, los comunes valorarán una serie de aspectos como la situación relativa a su empadronamiento y la permanencia en el Estado español.
También los vínculos familiares con otras personas que vivan en el Estado español; el conocimiento de las lenguas castellana y catalana; la realización de cursos con carácter social, laboral, lingüístico o cultural; los estudios y la profesión; la situación económica; la participación social; la situación de irregularidad y la posibilidad de obtener una autorización de residencia o trabajo.
Los requisitos para pedirlo son cuatro: ser mayor de 18 años, llevar en España un mínimo de doce meses, estar empadronados en Barcelona de forma continuada al menos seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud y estar en situación irregular. Tras una entrevista, si el solicitante obtiene este nuevo DNI, tendrá una validez de doce meses desde la fecha de emisión.
Fraude de ley
Pero no todas las voces están a favor de este carnet. El grupo popular en el Ayuntamiento de Barcelona ha mostrado su rechazo a la iniciativa presentada por la CUP alegando que es un carnet carente de validez jurídica que Colau pretende vincular a la vecindad.
“Es un fraude de ley que pretende regularizar a personas en situación irregular saltándose la normativa de concesión de arraigo del padrón municipal que requiere conocer los medios de vida del inmigrante, su inserción social, los programas de inserción laboral que haya realizado en entidades públicas o privadas, además de la presentación de la acreditación de la vivienda en la que reside, entre otros”, ha dicho Alberto Fernández, líder de la formación.
Su grupo fue el único que presentó alegaciones reclamando la retirada del proyecto y la redacción de un nuevo documento de vecindad ajustado a la normativa sobre arraigo y padrón. “La regularización de la documentación de inmigrantes a través del carnet de vecindad puede generar un efecto llamada que no favorece ni a la acogida ni a la integración”, sentencia Fernández.