A escasos dos meses de que se celebre en Andorra el juicio por la supuesta trama internacional de blanqueo de capitales urdida alrededor de BPA, se van conociendo detalles ilustrativos de lo que se maniobró en los despachos de las más altas instituciones del país en aquellos convulsos días de marzo de 2015, tras la intervención del banco.
Documento extraído del sumario del caso BPA / CG
El sumario del caso recoge una carta firmada de puño y letra por el presidente del Principado, Antoni Martí, en la que traslada a la Fiscalía General la orden para que proceda a una investigación sobre los extremos supuestamente delictivos atribuidos a BPA que el tesoro norteamericano exponía en su informe.
Extraordinaria celeridad
El presidente del Gobierno andorrano tuvo conocimiento del informe del Fincen la mañana del 9 de marzo de 2015. Al día siguiente, ese informe vio la luz y pocas horas después, Martí ordenaba la intervención del banco. El tesoro norteamericano atribuía a BPA el blanqueo de dinero procedente de la mafia rusa, la mafia china y de destacados dirigentes del chavismo.
Analizados algunos de los documentos del sumario de BPA, llama la atención la celeridad de Martí en intervenir la entidad cuando lo referente a la mafia rusa ya se investigaba en España en el marco de la Operación Clotilde, las sospechas sobre blanqueo de dinero de la mafia china también estaban en fase de instrucción en la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Emperador, y lo referido a los “chavistas” había sido archivado por la propia justicia andorrana.
Ayuda a España
El fiscal general de Andorra, sin embargo, no dudó en abrir diligencias de investigación los días 11 y 12 de aquel mes y pidió, en el marco de un convenio internacional de colaboración, ayuda a la Fiscalía española sobre todo aquello que los tribunales españoles pudieran saber sobre las actividades sospechosas que de alguna manera afectasen al caso BPA.
En esa línea y en plena investigación del caso Pujol por parte de la Fiscalía Anticorrupción, el ministerio público español instó al intermediario y autorreconocido blanqueador del empresario chino Gao Ping, Rafael Pallardó, a que se trasladase a Andorra y a que tirase de la manta.
Pallardó compareció en la Policía y Fiscalía andorranas el día 13 y, esa misma tarde, el consejero delegado del banco, Joan Pau Miquel, era detenido.
Para muchos, en ese momento empezó la instrucción del caso BPA. Sin embargo, el sumario revela que fue el Gobierno quien pidió el amparo de la Fiscalía General en atención a “salvaguardar la imagen internacional y el funcionamiento del país".