Lo intentó de todas las formas posibles. Utilizó todos los cuerpos policiales a su alcance, incluidas algunas unidades de investigación adscritas o dirigidas a mandos policiales autorreconocidos como miembros de la operación Cataluña. Y todo para nada.

Decenas de imputados (algunos, miembros de la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional) han acabado exonerados de culpa y ni siquiera van a ir a juicio porque Joaquín Aguirre, el juez instructor número 1 de Barcelona, ha reculado y se desdice de unas sospechas y conjeturas. Durante años, Aguirre ha presentado la Operación Macedonia como el mayor caso de corrupción policial de la historia reciente de España.

¿Sobornos?

Donde hace siete años vio una organización criminal y un descarado soborno, ahora sólo ve un delito de revelación de secreto. El mosso imputado por ello, J.R.M., llegó a estar preso varias semanas por cobrar, supuestamente, mordidas de una presunta organización de narcotráfico. Los traficantes le pagaron sus servicios con una caja de Donuts, según se desprende de la causa.

Este mosso implora a aquellos jueces y tribunales que ha tenido ante sí que escuchen todas las conversaciones telefónicas intervenidas por el magistrado. Asegura que si se contextualizan esos pinchazos, se constatará que en ningún caso se ha cometido ni tan siquiera el delito de revelación de secreto. Aguirre ha hecho caso omiso a esa petición que ni aparece en el auto de más de 100 páginas de conclusión del sumario al que ha tenido acceso este medio.

Pendiente del fiscal

De la Operación Macedonia no sólo se han caído la mayoría de los mossos hasta ahora imputados en esta pieza. También lo hicieron los guardias civiles del grupo ECO y destacados oficiales de la Policía Nacional a quien el juez vinculó en esta macrocausa abierta inicialmente por narcotráfico.

El juez abre el periodo de presentación de los escritos de acusación y defensa sobre la base de esta resolución en la que sí identifica a un reducido grupo de narcotraficantes.

Conjeturas

Aguirre pone el acento en Manuel G.C, presunto colaborador policial y a quien considera el cerebro de este clan criminal organizado en el que habrían sacado tajada infinidad de policías, ahora exonerados por el propio juez. Sin embargo, Aguirre tampoco logra  verbalizar sus incriminaciones ni siquiera sobre Manuel G.C.: “Habría sido el líder del grupo criminal”, “habría participado…”, “existen sospechas de que...”, “todo hace indicar que sus altas relaciones le habrían permitido cometer delitos contra las administraciones públicas...”, sin concretar cuáles, cuándo o dónde.

En definitiva, y a la espera de saber si finalmente abre o no diligencias de investigación contra el jefe de la unidad anticorrupción de los Mossos, el inspector Antoni S., Aguirre se quita el caso de encima tras siete años, múltiples desimputados y poca base probatoria.