La lucha contra la contaminación atmosférica siempre ha sido uno de los puntos fuertes con los que el gobierno de Ada Colau ha intentado ganar adeptos a su partido. Tanto es así, que algunos de los grupos de la oposición la han tachado de padecer cochefobia, entendiendo que la alcaldesa toma medidas más bien contra la circulación --por lo menos, masiva-- de cualquier vehículo que lleve motor.

Una de las medidas que planteó el ejecutivo de Barcelona en Comú fue la creación de un protocolo para aplicar en los episodios de contaminación y la teniente de alcalde de Ecología, Janet Sanz, se ha referido a ello este mismo martes.

Multa de hasta 100 euros

La edil del consistorio barcelonés ha desvelado que la Guardia Urbana multará con 100 euros --la misma cantidad que supone una sanción por viajar en el metro sin billete-- a los coches sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) que circulen por la ciudad durante los episodios de contaminación cuando lo tengan prohibido a partir del 1 de diciembre.

Estos vehículos, sin etiqueta, se consideran los más contaminantes y son los diésel anteriores a 2006 y de gasolina antes del 2000, así como las furgonetas anteriores a 1994.

El consistorio, sabedor de las incomodidades que provoca una iniciativa así, propuso la que consideró una medida estrella: la T-Aire, una tarjeta con dos viajes para el transporte público a un precio de 1,80 euros para una zona, inferior al de una tarjeta T-10 por trayecto.

Solo un 10% menos

Sin embargo, hace justo un año se aprobó con el apoyo de todos los grupos --y la única abstención de la CUP-- una medida urgente propuesta por Ciudadanos en la que se abogaba porque el gobierno municipal trabajase conjuntamente con ATM (Área de Transportes Metropolitanos) y AMB (Área Metropolitana de Barcelona) para definir trayectos y horarios de transportes públicos gratuitos durante la activación del protocolo.

“No solo no se ha ejecutado, sino que el ayuntamiento ha inventado la T-Aire que solo supone un 10% de ahorro a los usuarios”, critica Carina Mejías, líder de la formación naranja en el consistorio barcelonés. Lamenta que la alcaldesa no invite a los ciudadanos a dejar aparcado el vehículo privado y señala que las medidas de Colau son restrictivas y solo consiguen “enfadar a los vecinos que padecen las restricciones sin alternativa ni beneficios a cambio”.

Se trata de la misma iniciativa que contemplaba la clasificación ambiental de los vehículos, así como la creación de un protocolo de actuación en caso de contaminación atmosférica y el establecimiento de un calendario concreto para la implantación progresiva del mismo.

Ayudas a familias vulnerables

Cuatro meses después, en marzo de 2017, se aprobaba otra propuesta --esta vez con el único voto en contra de la CUP-- en la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad para que el gobierno, en coordinación con las demás administraciones, trabajase para que las restricciones a los vehículos contaminantes tuvieran el menor impacto social posible.

Para conseguirlo, se votó a favor de un programa de subvenciones económicas impulsado en el ámbito estatal para facilitar la sustitución de coches antiguos por otros menos contaminantes para familias con menor poder adquisitivo. Algo que, por el momento, el gobierno de Ada Colau no ha puesto en marcha.