La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, continúa en la línea del frenazo a la actividad municipal del consistorio barcelonés bajo el argumento de la situación actual en la que vive Cataluña. El motivo, ahora, se encuentra en el encarcelamiento de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural; y de Jordi Sànchez, presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el pasado lunes por un delito de sedición.
La líder de Barcelona en Comú (BComú) suspendió cuatro plenos, cuatro comisiones y cinco consejos de barrio durante el pasado mes de septiembre y volvió a suspender dos días de la actividad municipal ayer, en solidaridad con los presidentes de las entidades independentistas.
Comisión suspendida
La comisión de Economía y Hacienda tendría que haberse celebrado este miércoles, pero no ha sido así. En ella se discutían aspectos fundamentales para el desarrollo económico de la ciudad como los efectos negativos que está provocando el proceso independentista en Barcelona; la situación del mercado de la Abaceria en Gràcia o las ordenanzas fiscales.
Tenía que haberse votado la aprobación de la modificación del ejercicio de 2018 y sucesivos de ordenanzas como el impuesto sobre bienes inmuebles; sobre vehículos de tracción mecánica; sobre actividades económicas; sobre construcciones, instalaciones y obras, y sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
También las tasas de alcantarillado; por prestaciones de la Guardia Urbana; por servicios de cementerios y cremación; por servicios de registro, prevención e intervención sanitaria relativos a animales de compañía; por servicios culturales y por servicios especiales de alumbrado público, entre otros.
Frena la ciudad
La oposición al gobierno de Barcelona en Comú también ha criticado la forma en la que se presentaron los presupuestos la semana pasada: en una rueda de prensa ofrecida por el teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, horas antes del Pleno en el que comparecería Carles Puigdemont, en la que no se presentó ni una sola cifra.
Pisarello hizo hincapié en que se presentaban un mes antes de lo normal para que los grupos de la oposición pudieran presentar sus alegaciones. Pero precisamente es el momento en el que se han hecho públicos lo que critican: “Son momentos de incertidumbre política”, sostiene Carina Mejías (Cs). “Deberían ser un antídoto de Barcelona contra los efectos nocivos del proceso independentista”, asegura Javier Mulleras (PP). Sònia Reasens (Demòcrata) denuncia que es un presupuesto de un gobierno espantado, sin ambición y que frena el progreso de la ciudad.