Los recortes del Gobierno catalán condenan al cierre a 14 centros de discapacitados. Colectivos que dan empleo a personas con necesidades especiales han protestado ante la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias el miércoles por la "quiebra inminente" de varios talleres de inserción.

La movilización buscaba forzar el diálogo con el departamento que comanda Dolors Bassa. La consellera recortó el 50% de la subvención del salario mínimo interprofesional (SMI) de los empleados minusválidos menores el pasado mes de julio.

El equipo de Bassa vendió la medida con el argumento de que "aumentaban las ayudas a los grandes discapacitados". En realidad, el hachazo significó que 6.000 personas cuyo salario pagaba a medias la administración perdieron esa ayuda.

"Expediente colectivo"

Dos meses después, hasta 14 centros han manifestado su voluntad de cesar su actividad. Para amortiguar el golpe, la patronal Fecet les ha invitado a presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) colectivo.

"Si la administración deja desprotegidas a esas personas, deberá ser la misma administración la que se haga cargo de ellas", ha subrayado Julio Martínez, presidente de Fecet.

Según el directivo, un total de 40 talleres de inserción de los cerca de 200 que existen en Cataluña están amenazados por la nueva política de subvenciones del departamento.

Retrasos

Hay más. Además de excluir a 6.000 empleados de las ayudas que antes recibían, la Consejería estaría pagando tarde las liquidaciones de las bonificaciones del SMI de los empleados.

"Llevan nueve meses de retraso. En septiembre se tenía que abonar la parte proporcional de mayo y junio. Pues estamos a día 26 y de momento no hemos cobrado", ha indicado José Antonio Canilllas, de la Fundació Mar-Pi, situada en Pineda de Mar (Barcelona).

Acuerdo marco

Cabe recordar que Trabajo dejó de abonar el 50% del salario mínimo a cerca de 6.000 trabajadores con minusvalías leves en julio.

El departamento aseguró que la medida beneficiaba a los 9.000 discapacitados graves restantes. No obstante, el acuerdo marco sublevó al sector y generó un recurso contencioso administrativo presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En el plano político, el Parlament había instado al Govern a mantener las ayudas en junio. La moción, que también reclamaba eliminar los topes a las nuevas contrataciones, recibió el apoyo de todos los grupos menos el de Junts pel Sí (JxSí).