Varios centenares de familias barcelonesas contemplan horrorizadas lo que está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona con los restos de sus familiares fallecidos tras el derrumbe de cerca de 150 nichos del Cementerio de Montjuïc. Sin intervención de ningún forense ni de autoridad judicial alguna y sin contar con las familias, funcionarios municipales, por indicación de Eloi Badia, regidor de Presidència i Territori de la alcaldesa, Ada Colau, están separando restos óseos de hombres y mujeres y procediendo a nuevos enterramientos sin realizar ninguna operación que garantice que los despojos nuevamente depositados en los nichos corresponden a una misma persona.

Aunque los nichos afectados son cerca de 150, se estima que hay casi medio millar de cadáveres afectados al ser utilizada una misma cavidad para varios difuntos. Hasta la fecha no se han producido contactos oficiales entre los responsables municipales y las familias afectadas, según explican fuentes de los concernidos, y la indignación entre ellas crece por momentos.

Mezclados sin control

Algunas de estas familias ya han expresado sus protestas ante el convencimiento de que los restos atribuidos a sus seres queridos no son los suyos, sino que se ha procedido a juntar huesos diversos con la única precaución de que sean del mismo género. Familias con fallecidos recientes denuncian que no saben dónde han reubicado a sus allegados ni en qué condiciones.

Fuentes jurídicas señalan que la actuación municipal debe considerarse ilegal al proceder al levantamiento de cadáveres y a nuevos enterramientos sin intervención judicial de ninguna clase. 

Hace dos años se produjo un derrumbamiento similar al de la semana pasada y no se tomó ninguna medida para evitar lo ocurrido ahora. Las inversiones que se decidieron con ocasión de ese incidente no se han destinado a garantizar la seguridad de las instalaciones y la mayor parte del dinero se ha derivado a la construcción de nuevas oficinas para los servicios funerarios municipales y a un museo. La oposición municipal exige responsabilidades políticas al concejal Badia, al que acusa de intentar tapar lo ocurrido.