La Guardia Civil ha iniciado la mañana de este martes un operativo para investigar presunta corrupción en la gestión del agua en Girona en la época en la que Carles Puigdemont fue alcalde, entre 2011 y 2016. Los agentes están llevando a cabo 15 registros en toda la ciudad, uno de ellos en el ayuntamiento, según han confirmado portavoces del Instituto Armado a este medio.

La operación, bautizada como Aquarium, investiga un presunto caso de fraude y administración desleal. Además del consistorio y la sede de la empresa municipal que gestiona el agua, Agissa SA, fuentes del cuerpo de seguridad afirman que los registros se producen en despachos profesionales y otros lugares de la provincia.

15 registros

En concreto, los agentes han entrado en domicilios y oficinas de la ciudad de Girona, Fornells de la Selva, Bescanó y Navata. El dispositivo está coordinado por la Fiscalía Anticorrupción y ha sido ordenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, que ha decretado secreto de sumario.  

La Guardia Civil ha entregado dos requerimientos, uno al ayuntamiento y otro a Agissa, para reclamar documentación relacionada con el tema. El caso viene de lustros atrás, antes de que Puigdemont accediera al cargo. Durante su época como alcalde, las irregularidades supuestamente se mantuvieron. 

La empresa municipal

El juzgado empezó a investigar el caso en julio de 2016 tras una querella de la CUP contra cuatro directivos de Agissa SA, la empresa municipal que se ocupa de la gestión del agua en la ciudad. El juez imputó al que fue consejero delegado de la empresa hasta junio de 2016, Narcís Piferrer, y a su sucesor, Xavier Ballell, que entonces era el director técnico. 

La empresa privada Girona SA tenía una participación del 80% de Agissa, mientras que el 20% restante era de titularidad pública. Los dos investigados están acusados de autorizar contratos irregulares con empresas filiales de Girona SA a precios por encima de los reales e incluso por servicios que no se llegaban a ofrecer. 

15 millones de euros

El importe que presuntamente se desvió a lo largo de los años se calcula en unos 15 millones de euros. La causa nació en la investigación del caso 3%, que investiga la presunta financiación ilegal de CDC, cuando el juez de El Vendrell encontró indicios de irregularidades en la gestión del agua y el alcantarillado en Girona. 

Éstas habrían provocado un endeudamiento de la empresa adjudicataria, lo que, a su vez, habría provocado un aumento de precios del servicio del agua artificial para los habitantes de Girona, Salt y Sarrià de Ter.