La idea que resume la esencia del llamado caso 3% es que distintos empresarios (constructores, en su mayoría), pagaban a la fundación convergente Catdem las comisiones pactadas con CDC por la recepción de contratos de obra pública procedentes de administraciones gobernadas por ese partido, tanto la Generalitat como ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones.
Sin embargo, el caso 3% no deja de aportar nuevos detalles, nuevos indicios que muestran o evidencian el grado de impunidad o de descaro con el que se ha comerciado con la obra pública durante muchos años en Cataluña.
Nuevos indicios
Un informe de la Guardia Civil remitido al juez el pasado 9 de agosto indica cómo el aparato financiero de CDC que dirigió a partir del 2011 el tesorero e imputado Andreu Viloca se lo ponía muy fácil a los constructores a la hora de pasar con el maletín por ventanilla. En concreto, se les hacía llegar el formulario del donativo ya redactado y al que sólo cabía añadir la cifra de la comisión y la fecha. Dicho formulario recogía las indicaciones legales preceptivas para la tramitación de esos donativos según recoge “la ley orgánica B-2007 de 4 de julio en su capítulo III, articulo 4º”.
Pasquina, un ejemplo
La Guardia Civil destaca en su informe que uno de los que recibió tan especificas instrucciones fue el empresario Félix Pasquina, también imputado en ese sumario por la presunta financiación irregular de CDC.
Tanto en el registro de la sede de Convergència como en el de las oficinas del entramado empresarial de Pasquina, aparecen esos documentos con los que se aliviaban las dificultades de los pagadores a la hora de tramitar las mordidas.