El programa Cervantes, concebido por el Gobierno a imagen y semejanza del Erasmus, como una ayuda a la "cohesión y construcción" de España, tendrá que esperar al próximo curso 2018-19. Por lo menos. Lo confirman los ministerios de Sanidad y Servicios Sociales, que lo amadrinó por aquello de que sus destinatarios (de 14 a 18 años) antes son jóvenes que estudiantes, y de Educación, que lo concibió sólo como una "idea a estudiar".
Las prisas con las que fue presentado por Dolors Monserrat el pasado diciembre en el Congreso de los Diputados han amainado. Los estudiantes lo acogieron con desconfianza y los docentes como "una ocurrencia más de Rajoy". Pero, en el frenazo ha sido decisiva la oposición de las comunidades autónomas con ejecutivos más nacionalistas, con Cataluña a la cabeza, que esgrimieron la habitual "inaceptable invasión de competencias".
El proyecto tampoco ha contado con el apoyo decidido de los grupos parlamentarios, enfrascados en un pacto de Estado educativo que se vislumbra largo e imposible.
Intercambios escolares
La idea inicial, según explicó el secretario de Estado de Servicios Sociales, Mario Garcés, consiste en promover intercambios escolares de al menos un curso completo de ESO y Bachillerato entre centros de distintas ciudades y autonomías. Y después, extender el modelo a lo largo de la legislatura a todas las comunidades que sea posible.
"¿Por qué no fomentamos la movilidad dentro de España?", se preguntó Monserrat en el Congreso. "Por ejemplo —propuso— que un estudiante del IES Escola Intermunicipal del Penedès pueda ir al IES Santa Catalina de Burgo de Osma y que sea acogido por una familia que tenga un hijo en ese centro".
Más que reespañolizar a alumnos catalanes y de otras comunidades como torpemente planteó el exministro Wert, se trata, según precisó la ministra, de "fomentar una generación más emprendedora, emancipada, solidaria y con una visión más global del mundo". Pero también de "fomentar la cohesión territorial y social de España" y el mejor conocimiento de otras culturas y de "su país".
El exministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert / EFE
Pero, a diferencia del Erasmus, el Cervantes no prevé ningún tipo de beca. Su filosofía es más próxima al intercambio en familias. Se extendería a todos los colegios públicos y concertados, con una oferta dirigida a cerca de 1,5 millones de alumnos.
Ocio y convalidaciones
Los estudios serían gratis y también poco gravosos para las arcas públicas, ya que no está previsto ningún tipo de beca o ayuda. No obstante, el Ministerio de Sanidad debe resolver cuestiones legales como organizar la estancia de un menor fuera del domicilio familiar. Y dejar claras las responsabilidades ante salidas y ocios de los chicos, con sus riesgos y peligros a esas edades.
En el terreno académico es tanto más problemático solucionar problemas como las diferencias de currículos para un mismo curso entre comunidades. Obligaría al Ministerio de Educación a plantear un singular e inédito sistema de convalidaciones dentro del mismo Estado.
Los editores acaban de denunciar que, por exigencias de los gobiernos autonómicos, se ven obligados a editar hasta 25 libros de texto para una misma asignatura. Además, las comunidades pueden impartir determinados contenidos en los cursos que consideren oportunos. Implicaría que un alumno de Galicia que se va, por ejemplo, a estudiar 4º de la ESO a Andalucía, podría encontrarse con que tiene los mismos contenidos de Lengua que estudió el curso anterior.
Problemas con la lengua
Grupo de estudiantes de distintas culturas
El uso casi exclusivo de la "lengua propia", como en Cataluña y en menor medida País Vasco, Baleares y la Comunidad Valenciana, echaría para atrás a alumnos formados en otras comunidades. Las dificultades son más insalvables que en el ámbito universitario.
"En los Erasmus, algunos países permiten hacer exámenes en castellano y, si es necesario, se traducen. Pero en España algunas autonomías se oponen", apuntan en la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto (Ancaba).
Lejos de Séneca
El programa no tiene nada que ver con el precedente Séneca, suprimido en 2013 por el ministro Wert ante los recortes por la crisis. Los alumnos recibían una beca de 500 euros al mes y una ayuda única de 200 euros para desplazamiento. Puesto en marcha por el propio PP en el 2000 y con un presupuesto último de 6,6 millones de euros, permitió que decenas de miles de universitarios españoles con buenos expedientes pudieran estudiar un curso de su grado en una escuela o facultad de una ciudad o autonomía distinta a donde residían.
Los estudiantes consideran que, más que impulsar un programa de movilidad nuevo, bastaría con que el Ejecutivo recuperara la cuantía económica del Séneca. "Esto es un brindis al sol. Ni siquiera se ha concretado su financiación", rechaza el Sindicato de Estudiantes.
"Cursar un curso en otra comunidad pagando es algo que ya se puede hacer hoy. Si el Ejecutivo no aporta ni un euro, para este viaje no se necesitan alforjas", comenta Dolores Alonso, castellana y madre de cuatro hijos. En 2010 envió a Barcelona a uno de ellos a estudiar Educación Social. “Era una buena opción, con más posibilidades que Valladolid. Sin la beca Séneca, habría sido imposible”, asegura.