“El señor Jaume Matas ha venido a burlarse de los simples mortales”. Con estas palabras se despachaba el juez de Palma José Castro al referirse al expresidente balear y exministro cuando en 2010 le interrogaba por primera vez como imputado. Le impuso una fianza de tres millones de euros por adjudicar, de forma presuntamente irregular, las obras de la considerada infraestructura estrella de su última legislatura (2003-2007), el velódromo Palma Arena, inicialmente presupuestadas en 47 millones de euros y cuyo sobrecoste superó los cien.

Este lunes, con tres juicios a sus espaldas, siete por delante, dos condenas firmes y nueve meses cumplidos en prisión entre 2014 y 2015, el exmandatario autonómico volverá al banquillo en la Audiencia Provincial de Baleares.

Petición de otros cuatro años de cárcel

Lo hará bajo una petición de cuatro años de cárcel acusado de delitos de fraude, prevaricación y falsedad documental por auspiciar la contratación ilícita de los trabajos de construcción de la pista deportiva así como de los arquitectos que los dirigieron. Junto a él será juzgado el que fuese director general de Deportes bajo su mandato y medallista olímpico de vela, José Luis Pepote Ballester, encargado entonces de canalizar las órdenes que emanaban del presidente.

Los hechos constituyen la génesis de lo que posteriormente ha sido el tormento judicial de Matas. El caso Palma Arena, cuya operación policial estalló en agosto de 2009 con la detención de Ballester, el exportavoz del PP en Palma Rafael Durán y tres empresarios.

Se disgregó posteriormente en hasta 28 piezas separadas que han rastreado desde el enriquecimiento presuntamente ilegal de Matas hasta la financiación irregular del PP y múltiples desvíos de fondos como los abonados al Instituto Nóos o al arquitecto Santiago Calatrava por el anteproyecto de un palacio de la Ópera que nunca llegó a ser construido.

Más de 220 deficiencias

Matas quería que se le recordara por sus proyectos descomunales y, en la mayoría de ocasiones, hasta innecesarios para Baleares. Entre ellos, el propio Palma Arena, plagado de fallos y deficiencias. Un informe técnico llegó a detectar más de 220 defectos en las obras como consecuencia de la celeridad con la que el exministro de Medio Ambiente bajo la presidencia de José María Aznar quería ver la infraestructura hecha realidad.

El objetivo: albergar la organización del Mundial de Ciclismo en Pista de 2007, cuya celebración en Palma encargó a Ballester tratar de conseguir. Costara lo que costara.

Para ello, había que construir un velódromo cubierto que acogiera el evento. La Fiscalía Anticorrupción recrimina cómo, pese a tratarse de un proyecto de gran envergadura, Matas encargó su edificación a una fundación creada ad hoc, el Illesport, liderada por el propio Ballester y cuyos patronos nunca llegaron a reunirse para tomar decisiones puesto que éstas eran directamente adoptadas por el presidente. Ninguno de ellos llegó a someter a su consideración las instrucciones de aquél. El Illesport tan sólo existía en apariencia y tanto el presidente como Pepote eran conscientes de ello.

Decisiones encubiertas por actas falsas

Tanto es así que la fundación tan sólo debía encargarse de dar cobertura jurídica a las decisiones de ambos y, para simular esa apariencia de legalidad, llegaron a ser redactadas 22 actas de reuniones nunca llevadas a cabo. “Está fuera de discusión que las 22 actas son absolutamente falsas, no ya en atención a exquisiteces administrativas, ni tan siquiera porque supongan la intervención de personas que no la han tenido, sino porque las reuniones de las que pretenden dar fe no tuvieron lugar ni en la más mínima apariencia”, subrayaba Castro en uno de sus autos.

Y entre las medidas aprobadas, un gasto de 46,4 millones de euros, sin estudio alguno de viabilidad económica, para alzar el Palma Arena a las afueras de la capital balear y contratar de urgencia al primer arquitecto que debía encargarse de dirigir las obras, el alemán Ralph Schürmann.

Autor de más de 30 pistas internacionales, Castro asevera que la adjudicación para contar con sus servicios fue un acto de “meridiana ilegalidad” y considera “dudosa su experiencia en la construcción de velódromos cubiertos”, puesto que existían otros profesionales “con similar o superior capacidad”. El contrato fue firmado el 10 de enero de 2005 por 9,4 millones.

Contratación ‘a dedo’ de los arquitectos

Lo mismo sucedió con los arquitectos que sucedieron a Schürmann, Luis y Jaime García-Ruiz. El juez llegó a calificar su contratación de “aberración jurídica” por la que acabaron percibiendo hasta 8,5 millones.

Ambos confesaron que Matas les había llamado personalmente para dirigir los trabajos, pero se desvincularon del millonario sobrecoste, que atribuyeron a errores cometidos por su antecesor. Ahora, los tres arquitectos deberán declarar como testigos en la vista oral prevista para estos días para esclarecer los pormenores de los encargos que les efectuó el expresidente.