Una de cal y otra de arena. La Fiscalía personada en el llamado caso del 3% ha pedido al juez de El Vendrell que Miquel Roca sea interrogado en condición de investigado por los pagos que efectuó a las fundaciones vinculadas a CDC tras recibir un contrato de 90.000 euros por parte de la Generalitat.
El ministerio público, zambullido en el análisis de la ingente documentación incautada en la operación judicial llevada a cabo el pasado mes de febrero y con la inminente declaración de Germà Gordó en el TSJC, no tiene excesiva prisa en aclarar lo que aparentemente podía tratarse de un soborno de menor cuantía en el que habría participado Roca, uno de los padres de la Constitución.
Cuidado con los abogados
Por su figura política y social y por la condición de abogado del que fuera secretario general de CDC, Anticorrupción ha condicionado la estrategia de investigación de la acusación pública. “Como se verá, la condición de letrados de quienes ejercen en tal despacho (Roca Asociados), y la naturaleza penal de los asuntos que se llevan allí mismo deben de ser la nota rectora de la actuación judicial que se propone de manera que se asiente el principio de proporcionalidad entre la necesidad de la investigación y el respeto al derecho de defensa”.
El juez ha ordenado ya diversos requerimientos a la Generalitat sobre el controvertido pago al bufete de Miquel Roca pero aún no ha estudiado la petición de la fiscalía para interrogarle como imputado en esta casa de presunta financiación irregular del CDC.