El juez de Instrucción número 1 de El Vendrell, Josep Bosch, ha abierto una línea de investigación sobre las “sospechosas relaciones” que mantuvieron en 2014 los dirigentes de las empresas Bimsa (sociedad pública municipal) y Corsan y los de CDC.
El juez ha impulsado esta nueva línea de pesquisas tras recibir hace unos meses de la fiscalía anticorrupción el legajo con las intervenciones telefónicas que en enero de 2014 ordenó la juez de Barcelona que investigaba (e investiga) el caso Adif, la presunta trama de desvío de capitales en el marco de las obras ferroviarias en Cataluña.
Tres años de inacción
Ya en enero de 2014, a es decir, 16 meses antes de que se iniciase la operación Petrum (también conocida como operación 3%), el fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, disponía de las intervenciones telefónicas que delataban a empresarios y funcionarios públicos en una presunta trama de corrupción urbanística y de tráfico de influencias en Barcelona.
No sólo eso, el atestado de la Guardia Civil del caso Adif mostraba fotos de empresarios entrando y saliendo de la sede de Convergència Democràtica de Catalunya con la lista de obras licitadas o a punto de ser licitadas por distintas administraciones públicas.
Vives bajo sospecha
Una copia de esas diligencias apareció el pasado mes de febrero en una caja fuerte en la casa de Antoni Vives, exteniente de alcalde de Barcelona y exdirectivo de Bimsa.
El hallazgo tuvo lugar en el marco de la detención de Vives, acusado de tráfico de influencias por el juez de El Vendrell. ¿Qué hacia Vives con una copia de ese sumario?
Una pregunta sin respuesta
El hasta ahora fiscal del caso Adif, Emilio Sánchez Ulled, no comunicó la existencia de esos indicios a sus compañeros de anticorrupción destacados en el caso 3%. Sólo cuando trascendió la noticia del hallazgo del sumario en casa del imputado Vives, Sánchez Ulled remitió al juez de El Vendrell --al entender que pudiera haber conexión entre ambos casos-- aquellas diligencias que, durante 3 años, tuvo en sus manos y no indagó.