Crecen las okupaciones ilegales en pisos del Institut Català del Sòl (Incasòl), propiedad de la Generalitat de Cataluña. Según una respuesta parlamentaria a pregunta del grupo popular municipal, en mayo de este año había 22 viviendas públicas allanadas, mientras que al acabar 2016, la cifra era de 17, lo que supone un aumento de casi un 30%.
El líder del partido en el consistorio barcelonés, Alberto Fernández, ha publicado los datos en un comunicado este jueves y ha criticado que la permisividad del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, generen un efecto llamada.
Más de mil días
“Cada piso público ocupado ilegalmente es una familia con necesidad que se ve privada de una vivienda social”, dice Fernández, y añade que no puede tolerarse que “estas ocupaciones ilegales tengan beneficios, ya que además de incumplir la ley, perjudican a familias que necesitan de una vivienda social y no por ello pegan una patada a la puerta”, sino que siguen trámites y cumplen normas.
Sostiene que el plan de Vivienda de Colau, aprobado con los votos de Ciudadanos y del Grup Demòcrata (antigua CiU) contempla la posibilidad de conceder derechos a las viviendas públicas okupadas de forma ilegal.
La respuesta parlamentaria desvela que hay algunas viviendas públicas que llevan más de mil días en esta situación, como es el caso de dos pisos situados en el distrito de Nou Barris (1.114 días) y Sants-Montjuïc (1.056); además de otros dos que casi llegan a la misma cifra, situados en Nou Barris (916) y en Ciutat Vella (890).