Andorra es, junto a Malta y el Vaticano, el único país de Europa donde el aborto está totalmente penalizado. No solo está prohibido, sino que tampoco forma parte de la agenda política de ninguna de las formaciones que ocupan el Consell General, ni se somete a valoración en las encuestas anuales del Institut d’Estudis Andorrans.
Esta situación de excepcionalidad respecto al resto del continente provoca que incluso las propias mujeres andorranas desconozcan esta ausencia de derechos que sufren hasta el preciso momento en que toman la difícil decisión de abortar. Entonces, la única solución que tienen a su alcance es desplazarse fuera de sus fronteras, mayoritariamente a Cataluña o Francia, y pagar entre 300 euros y 1.000 euros. Las entidades estiman que son cientos las mujeres que toman esta decisión.
Para hacer frente a ello, la plataforma Stop Violències ha iniciado recientemente una campaña que pretende elevar la cuestión a instancias europeas tras la reiterada negativa del Gobierno de Andorra a adaptar la legislación a los supuestos fijados por Naciones Unidas sobre el derecho al aborto.
Ausencia de cifras oficiales
“No sabemos cuántas mujeres menores han abortado, cuántas han parido tras haber sido violadas, ni cuántas han tenido un aborto extrauterino, que pone en riesgo la vida de la madre”, relata la presidenta de la entidad y psicóloga especialista en violencia sexual, Vanessa M.Cortés.
Una de las últimas campañas para legalizar el aborto en Andorra
Una de las últimas campañas para legalizar el aborto en Andorra
Los ejemplos que pone Cortés guardan relación con los tres supuestos que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) especificó que debían ser legales: malformación fetal, violación y peligro psicológico o físico para la madre como es el caso de un embarazo extrauterino.
Entre el Obispo y el Príncipe
La situación política de este enclave situado en los Pirineos explica en gran parte los motivos por los cuales no se ha querido abordar institucionalmente la cuestión. Andorra ha sido un territorio en conflicto desde 1400 y el régimen de pariatge, encarnado en la actualidad por el obispo de Urgell y el copríncipe de Francia, hace que el Gobierno opte por no ahondar en el asunto. La amenaza de una crisis social y política si se aprueba una cuestión contraria al obispo es el argumento recurrente para mantener el statu quo actual.
En 2015 se promovió una iniciativa legislativa popular (ILP) desde la entidad Tinc els nostres drets reclamando un cambio en la legislación para que el aborto fuera un derecho. La campaña superó las 4.000 firmas y entró a ser debatido en el Parlamento andorrano (Consell General), pero el Ejecutivo la tumbó junto con el resto de partidos.
Al ser preguntado por este medio, el Gobierno andorrano se limita a constatar que “no se le dio curso”, pero no expone las razones de su rechazo.
Andorra, como España, es firmante del Convenio de Estambul, que contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer: la violencia física, psicológica y sexual. “Andorra ratificó un convenio que habla del derecho protección de las mujeres en situación de violencia y lo incumple. No vela por los derechos de las mujeres”, afirma la presidenta de Stop Violències.
“Contagio” con Cataluña
Otra de las razones por las que el debate no se ha consolidado a nivel de calle es la cercanía con Cataluña. La lengua, la cultura y la proximidad hacen que haya una creencia generalizada de que existen los mismos derechos a un lado y otro de los Pirineos. “Creemos que por contagio con Cataluña vamos a tener los mismos derechos”, ilustra la presidenta de la entidad.
El Departamento de Salud, que lidera Toni Comín, no ha querido facilitar a este medio el número de mujeres de fuera de Cataluña que vienen a abortar. Desde el Institut Nacional de la Dona remarcan que se practica desde clínicas privadas catalanas, al no ser residentes y no poder beneficiarse de la cobertura sanitaria.
El tema afecta tan directamente a Cataluña que el Consell Nacional de Dones entró una petición al Parlament para que se revisara el asunto e instar al Gobierno del país vecino a aceptar el aborto en los tres supuestos que marca la ONU.
De momento, sin embargo, no hay nada que indique que desde las instituciones tomen la iniciativa para que se apliquen políticas sexuales y reproductoras que beneficien a las mujeres andorranas. Cruzar la frontera sigue siendo su única alternativa.