El Gobierno de Cataluña lleva desde 2010 imponiendo sanciones a los comercios que no utilizan el catalán en letreros, menús u ofertas de negocios. Lo hace a través de la Agencia Catalana del Consumo (ACA), organismo encargado de hacer cumplir el código de consumo de Cataluña.

Se trata de una ley que se redactó en la recta final del último Gobierno de Jordi Pujol, tomó forma con la llegada del tripartito a la Generalitat y el actual mandato de Carles Puigdemont mantiene como uno de los factores de vital importancia.

La suficiente como para que la ACA defienda estas multas como una manera de “establecer la protección de los derechos e intereses lingüísticos de las personas consumidoras” y se basa en la legislación vigente, que tipifica como infracción, precisamente, vulnerarlos.

Derecho del consumidor

En respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo popular en el Parlamento de Cataluña, el Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat publica en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya (BOPC) que todos los consumidores “tienen derecho a recibir información en catalán e incluye, entre otros, la información de carácter fijo como rótulos exteriores e interiores”.

Desvela, posteriormente, que la ACA sancionó, en 2016, a 24 compañías asentadas en Barcelona por “vulneración de los derechos lingüísticos de las empresas con actividades en Cataluña”. Unos datos que no diferencian entre los establecimientos comerciales y los otros tipos de empresas, ni tampoco se desglosan por distritos.

20 expedientes en trámite

Por sectores, el Gobierno catalán interpuso siete multas a comercios minoristas en general (por 5.700 euros en total); cinco relacionados con la hostelería (2.100 euros); dos, con los electrodomésticos, metal y cubertería (2.300 euros); dos, con la industria del material eléctrico, electrónico y óptico (1.800 euros), y dos más con las telecomunicaciones (1.900 euros).

También sancionó con una multa a sectores de otras actividades como la industria química (400 euros); la alimentación, bebida y tabaco (600 euros); los servicios personales, culturales, deportivos y asociativos (200 euros); las actividades financieras y seguros (500 euros); actividades inmobiliarias, servicios empresariales (600 euros) y automoción, talleres y estaciones de servicio (300 euros).

Un total de 16.400 euros en infracciones de los que, el mismo año, recaudó 14.200 euros. Pero hay más, ya que a principios de mayo había 20 expedientes sancionadores más en trámite, entre ellos de los sectores de educación, hostelería y transporte, de los cuales ocho contienen denuncias de particulares y dos, de una entidad.