Joaquín Tur es el propietario de un restaurante, La Coctelera, situado en el barrio del Clot de Barcelona. El local tiene 150 años (“Allí se fundó la CNT”, asegura), está frecuentado por los vecinos de la zona y siempre ha tenido una terraza de cuatro mesas. Hasta ahora, que ya no puede poner ni una.

“Me quitaron la terraza en 2014 y desde entonces he hecho recursos, nuevas medidas con el Gremio de Restauradores de Barcelona, hemos batallado…”, explica a Crónica Global. Pero nada. La respuesta municipal es que hay una afluencia masiva en aquella zona --calle Rogent con Aragó-- y no le permite poner ninguna mesa.

Terraza histórica

Sostiene que ni siquiera los propios técnicos del consistorio barcelonés lo entienden. Tampoco la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, que según Joaquín visitó su restaurante y le preguntó por qué le habían quitado las mesas de la terraza, sin entender la decisión del equipo de Gobierno de Ada Colau.

La Coctelera, llamada La Parra antes de 1940, es un negocio familiar y Joaquín lleva 30 años al frente. Este lunes ha cerrado el restaurante para poder asistir al debate sobre las terrazas que ha organizado el Gremio de Restauradores con los dirigentes políticos de todos los grupos municipales. Era un acto para él y para los otros 250 restauradores que se han dado cita en el evento, pero a ninguno de ellos les han cedido la palabra.

Por eso han decidido interrumpir a los políticos en un acto de indignación con el que pegar un puñetazo sobre la mesa para decir basta a la situación actual que sufren los hosteleros afectados por la normativa de terrazas. “Nunca hago estas cosas, pero hoy me he indignado con tanta palabrería”, explicaba a este medio Joaquín excusando su actitud.

“Estoy delinquiendo”

Ha irrumpido en pleno debate para quejarse porque “se acaba el tiempo y aquí no  hemos podido hablar con nadie”, y ha explicado su caso a todos los asistentes. “Ahora estoy delinquiendo y pongo la terraza de extranjis, por las tardes y fines de semana, cuando sé que no va a venir ninguna inspección. Tengo tres hijos, uno de ellos discapacitado, y tengo que darles de comer”.

Ya ha pagado una multa por la que le pedían pagar 900 euros pero le daban la opción de pagar solo el 75% del importe bajo una cláusula: no poder reclamar. “Te chantajean, porque si quieres hacer alguna alegación, acabarán cobrándote 900 euros”. Critica que la actitud de los políticos sea debatir y no llegar a acuerdos concretos mientras que su actividad económica se ve mermada por ese supuesto pasotismo, o falta de consenso. “Ahora se irán de vacaciones y nos dejarán todo este tinglado, mientras se echan la culpa los unos a los otros”, lamenta. Justo en verano, la época más importante para los restauradores y en la que se lo juegan prácticamente todo.