Excursiones a Port Aventura sufragadas con fondos públicos como si de una visita cultural a Barcelona se tratara y escapadas a la isla italiana de Lipari bajo la apariencia de un viaje para estudiar el arte románico catalán. Son algunos de los dispendios que autorizaron varios ex altos cargos de Unió Mallorquina (UM), socio clave de PP y PSOE para que estos pudieran formar gobierno en Baleares durante tres décadas, y por los que hasta 12 acusados se enfrentan a una petición de 84 años de cárcel.

La causa estalló cuando salieron a la luz las subvenciones fraudulentas otorgadas por el Consell de Mallorca, en 2004 y 2005, a asociaciones creadas expresamente por militantes de la formación regionalista, disuelta en 2011 a raíz de los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas. La cuantía de los fondos desviados: 973.880 euros.

Ahora, la Fiscalía Anticorrupción reclama que el dinero sea devuelto a la institución insular por parte de los altos cargos que auspiciaron los pagos: la entonces vicepresidenta del Consell y consejera de Promoción Sociocultural, Dolça Mulet, y el exdirector insular de Patrimonio Joan Josep Mas, dos de los pocos dirigentes de UM que no han sido condenados hasta ahora por la Justicia.

Seis años y cinco meses para los ex altos cargos

El ministerio público solicita seis años y cinco meses de prisión para cada uno de ellos por delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración y tráfico de influencias.

Y es que, según la acusación, ambos se concertaron con otros diez inculpados afines a UM para poner en marcha entidades a las que posteriormente regar con fondos públicos, a pesar de que con ello lo único que se pretendía era favorecer económicamente a los militantes del partido y, en última instancia, a la propia formación política al lograr la fidelidad de aquellos y la incorporación de nuevos afiliados.

La finalidad, atraer a nuevos votantes

Los acusados no repararon en gastos. Entre otros, fueron sufragados viajes a Port Aventura encubiertos bajo facturas en las que rezaba "Viaje cultural a Barcelona". Los beneficiarios eran los miembros de una de las asociaciones creadas ex profeso y la finalidad, atraerlos a UM y a su credo.

Otro de los viajes pagados con cargo al erario público fue el realizado a la isla de Lipari, para lo cual fueron emitidas facturas “sin correspondencia real en cuantía”, en personas que realizaron el viaje ni en el objeto del mismo. De hecho, los acusados simularon que la finalidad de la expedición era estudiar el arte románico catalán, tal y como han señalado fuentes de la causa a Crónica Global.

La fiscalía incide en la “situación de descontrol” generada por los ex altos cargos del Consell, quienes, señala en su escrito de calificación, “tuvieron pleno conocimiento de que la mayor parte de los fondos fue destinada en beneficio de las personas próximas a UM”. De hecho, subraya que ambos se prevalieron de sus cargos para influir en el personal de la institución y obtener la tramitación y pago de las subvenciones.

La caza y la ganadería, el fin aparente de las entidades

En cuanto al resto de acusados, utilizaron su afinidad política y su proximidad personal con Mulet y Mas para obtener decisiones administrativas “favorables a sus intereses económicos y lúdicos”. Las entidades fueron denominadas con nombres dispares y su aparente objetivo pasaba por favorecer públicamente los ámbitos de la ganadería y la caza, cuando, en realidad, el dinero que recibían estaba siendo utilizado en su propio beneficio.

Los 12 acusados se sentarán este jueves, 29 de junio, en el banquillo durante una vista en la que las partes deliberarán si alcanzan un acuerdo de conformidad o si, por el contrario, finalmente se celebrará juicio por estos hechos.