Empezar a trabajar, dejar de depender de los padres y buscar un sitio donde vivir son cambios que suelen ir asociados a la entrada en la mayoría de edad y los años posteriores. Para las personas con alguna disminución física o psíquica, las novedades son más y más difíciles de afrontar. Los aspectos del futuro que más preocupan a las familias de este segmento de adolescentes son los mismos que a todas las demás.
“Asuntos laborales, preocupación por el futuro del hijo cuando los padres no estén, consultas sobre residencias, y también surgen inquietudes cuando son conscientes de que no pueden tener al hijo en casa o cuando éste no tiene una ocupación o una rutina diaria”, explican desde Grup Catalònia, una entidad que asiste a las personas con disminución intelectual.
Pero no son los únicos asuntos que tienen que afrontar. En el ámbito económico, las ayudas cambian cuando la persona disminuida cumple 18 años. Además, en algunos casos entra en juego la burocracia jurídica: tanto la incapacidad como, por ejemplo, la esterilización, requieren la intervención judicial.
Un chico con discapacidad psíquica, en una imagen de archivo
A la espera de la incapacidad
A los 18 años se revisa el grado de disminución, y, en función de la afectación, los profesionales orientan a las familias en el proceso para pedir la incapacidad, si es necesaria. “Aunque es una medida de protección, las familias lo acostumbran a ver como algo negativo”, indican los expertos de Grup Catalònia.
Una vez que el juez concede la incapacidad, la capacidad de obrar y de realizar actos jurídicos y administrar su patrimonio disminuye, un tutor continúa, como durante su infancia, a cargo de todo. “Es una decisión muy importante y en el caso de María estaba muy claro, pero las familias de algunos de sus amigos han tenido problemas”, explica Sylvia Bonet. Es la madre de María Martínez, que tiene una infección congénita por citomegalovirus con un grado de discapacidad de un 80% y cumplió 18 años en marzo.
El verano pasado, sus padres solicitaron la incapacidad y todavía no han recibido respuesta. Y es que el proceso, según explican desde Grup Catalònia, puede llegar a durar dos años. En este periodo desde que María cumplió 18 años hasta que el juez decida sobre su incapacidad, es totalmente autónoma a efectos jurídicos.
Más ayudas económicas
Las personas disminuidas menores de edad pueden acceder a ayudas derivadas de la ley de dependencia. Las familias, además, tienen prestaciones por hijo a cargo, además de las subvenciones ocasionales para la compra de material, la estimulación precoz, transporte o movilidad. Cumplidos los 18, esto cambia.
Un chico con una discapacidad física en una reunión laboral
Si el grado de disminución es mayor del 65%, la ayuda a la familia puede ser según los ingresos de la unidad o prestaciones por hijo a cargo. A partir de un 75%, explican desde Grup Catalònia, cuentan con un complemento del 50%. Esto se suma a las ayudas derivadas de la Ley de Dependencia y a las ayudas ocasionales.
“Cuando más necesitan ayuda las familias es durante la infancia, cuando son imprescindibles los tratamientos para estimular la movilidad y el habla, por ejemplo; y es al revés: ellos empiezan a tener pensión a los 18 años”, considera Bonet desde su propia experiencia.
Trabajo, casa e hijos
Entrar en el mercado laboral es una de las principales preocupaciones de la familia a medida que las personas con disminución se acercan a la edad de empezar a trabajar. Pueden hacerlo a partir de los 16 y existen dos vías principales: a través de un trabajo protegido (CET) o en empresas ordinarias —las que cuentan con 50 o más trabajadores tienen que reservar un 2% de las plazas para personas con discapacidad—.
Abandonar la casa de los padres suele suponer acudir a residencias, pisos tutelados o apartamentos sin soporte, en función del nivel de apoyo que requieren. En cuanto a las relaciones sexuales y la posibilidad de tener hijos, continúa siendo un tema tabú para algunas familias. De todos modos, los profesionales del Grup Catalònia aseguran que “cada vez están más informadas y existen más recursos para asesorar y que las personas con discapacidad puedan mantener una vida sexual plena con protección”.