La familia Cierco carga contra los registros policiales que han tenido lugar este jueves en los domicilios particulares de los hermanos Higini y Ramon y en sus respectivos despachos profesionales, ubicados en las dependencias centrales del grupo empresarial que lleva su apellido en Andorra. En un comunicado, lamentan ser las víctimas de una “acción de carácter general y sin ningún objetivo concreto a la búsqueda de posible documentación que pudiera incriminar, según las autoridades judiciales y policiales, a los accionistas mayoritarios de BPA”.
Señalan que se trata de una nueva cortina de humo para “intentar desviar el foco de interés de donde se debería poner: en el caso Pujol y la entidad bancaria donde históricamente” la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña “tuvo el dinero y realizó toda una operativa el origen de la cual aún se desconoce”.
Defensa de Andorra de los Pujol
Recuerdan que las querellas que interpusieron para denunciar las coacciones que presuntamente sufrieron directivos de BPA de altos mandos policiales españoles para desvelar información sobre los Pujol han entrado aparentemente en vía muerta.
Consideran que los registros son el “último capítulo de esta actuación judicial --avalada y en muchos casos dictada por la fiscalía general-- que tiende a tapar los males de unos culpando de forma indiscriminada a otros”. Todo ello, mientras “cualquier acción tendiente a proteger los intereses de los Pujol recibe una celeridad que pocos procesos judiciales en el Principado ostentan”.
Grupo Cierco
Los Cierco manifiestan el “más enérgico rechazo a la persecución” que viven. Con todo, aseguran que la intervención no ha comportado la “alteración en el normal funcionamiento de las empresas” ligadas a su grupo. Uno de los conglomerados de referencia en Andorra que actualmente da trabajo a unas 500 personas.
“Se debe ir habituando a prácticas perversas”, sentencian.