La jueza confirma el archivo del 'caso Funnydent' al no ver indicios de estafa

El Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero (Madrid) ha confirmado el archivo de la causa por un presunto delito de estafa contra el administrador único de las clínicas dentales Funnydent, Cristóbal López Vivar, al no apreciar indicio alguna de estafa sino más bien de "una pésima gestión empresarial".

En el auto, la jueza Teresa Álvarez de Sotomayor desestima los recursos de reforma presentados por las acusaciones contra el auto de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra López Vivar, quien presuntamente estafó 8,8 millones de euros a más de 2.400 pacientes.

No hay indicios de delito penal

La jueza sostiene que de las diligencias practicadas, de la información recabada en relación a las cuentas del investigado y de los informes de las administraciones judicial y concursal, entre otros, "se desprende la existencia de una pésima gestión empresarial por parte del investigado, cuya responsabilidad civil, mercantil y laboral se halla pendiente de depurar, pero no de indicios de delito penal por las razones expuestas en el auto recurrido".

Señala que "constan indiciariamente acreditados diversos incumplimientos contractuales, tanto con pacientes, proveedores, arrendadores y personal contratado" por el dueño de Funnydent, así como infracciones de normas contables y financieras.

Pero quiere dejar claro que "el incumplimiento por parte del investigado de sus obligaciones con la Hacienda Tributaria y con el Registro Mercantil impide, pese a la investigación realizada, determinar siquiera con carácter indiciario un desplazamiento patrimonial o enriquecimiento personal".

"Descontrol sobre el volumen de gastos"

La jueza carga contra la "la gestión personalista del negocio" y "el descontrol sobre el volumen de gastos" de López Vivar al frente de Funnydent "que ha provocado una situación enormemente perjudicial para todos los afectados, pero también para el investigado, cuyo patrimonio se hallaba vinculado a su grupo empresarial".

Con independencia del resultado y de la alarma social denunciada, añade la magistrada, "no se ha apreciado en la conducta del investigado la concurrencia de los elementos del tipo penal de estafa".

Ahora, la causa pasa a la Audiencia Provincial de Madrid que deberá resolver los recursos de apelación presentados por los afectados para determinar si reabre o da carpetazo definitivo a la causa.

López Vivar apunta a los administradores judiciales

Por otra parte, la administración judicial ha dado traslado a la juez de una carta enviada por López Vivar en la que acusa a los dos administradores nombrados por el juzgado de "estafa", de haberse enriquecido con la empresa en vez de ayudar a los afectados, de malvender las clínicas y de utilizar su patrimonio en beneficio propio.

Según fuentes jurídicas, el juzgado va a investigar dicha carta, que no es la primera que remite López Vivar a los administradores, y no se descarta que estos últimos acudan a declarar para defenderse de estas "graves acusaciones".

Las fuentes lamentan que Cristóbal López se muestre como una víctima "cuando las únicas y verdaderas víctimas son los afectados, proveedores y entidades financieras".

Y añaden que las cuentas están auditadas y que la empresa está sometida a una administración judicial y concursal nombrada por el juzgado con el único ánimo de atender a todos los afectados. "Aquí no falta nada, y todo lo que se necesite se aportará", agregan.