Aparentaron una solvencia inexistente al frente de Nueva Rumasa para hacerse con la compra de acciones de varios hoteles y lograron estafar, mediante avales inveraces y el alzamiento de sus bienes para evitar su embargo, más de siete millones de euros a los vendedores de las participaciones.

Se trata de las tácticas empleadas por el fundador del holding de la abeja, José María Ruiz-Mateos --fallecido en septiembre de 2015--, y sus seis hijos varones para ganarse la confianza de diversos empresarios turísticos de Mallorca a pesar de que "jamás tuvieron intención de pagar el precio" estipulado, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción.

Siete años de cárcel para cada uno

Zoilo, Javier, José María, Alfonso, Pablo y Álvaro Ruiz-Mateos se sentarán en el banquillo a partir de este miércoles para ser juzgados por la compra fraudulenta, a finales de 2008, de los hoteles Beverly Playa (Mallorca) y Beverly Park (Gran Canaria) bajo peticiones, para cada uno, de siete años de cárcel.

El Ministerio Público les atribuye un delito de estafa agravada y otro de insolvencia punible por los que solicita, además, el pago de multas que ascienden a un total de 121.500 euros.

Será la primera vez que los vástagos del empresario jerezano, contra quien también iban dirigidas las acciones penales hasta su fallecimiento, serán juzgados en Baleares, donde se encuentran investigados en otras dos causas por adquirir también de forma presuntamente fraudulenta otros establecimientos hoteleros de las islas.

Más del 80% del precio aplazado

El fiscal Juan Carrau relata en su escrito de acusación cómo los Ruiz-Mateos convencieron a los vendedores de los acciones, Inversiones Insulares Radó, para que les traspasaran sus participaciones en las empresas encargadas de los hoteles --Estancia Hotelera S.A. y Maspalomas Hoteles S.A.-- con la mayor parte del precio aplazado: más del 80 por ciento, es decir, 9,4 millones de euros.

Una operación que canalizaron a través de una sociedad pantalla, Wersdale Trade España S.L., radicada en Belice, sin actividad, establecimiento permanente ni oficinas, y administrada por un testaferro actualmente actualmente en busca y captura, Juan Antonio Povedano.

Garantías y avales inveraces

Los vendedores dieron por buenas las condiciones de los directivos de Nueva Rumasa sin saber que las garantías y avales personales que éstos habían presentado eran inveraces.

Es más, los compradores hipotecaron el mismo día y al siguiente los inmuebles para hacer inviable cualquier acción recuperatoria de los establecimientos y haciendo desaparecer los fondos obtenidos sin efectuar el pago del precio convenido.

Estrategia

La estrategia fue la siguiente: para generar una imagen de solvencia, éxito profesional y alta capacidad económica, los Ruiz-Mateos ofrecieron su propio aval solidario así como el de las empresas aparentemente más rentables del grupo: Dhul, Clesa y Carcesa.

El 30 de diciembre se formalizó la compraventa de la totalidad de acciones a favor de los acusados por el precio total de 75,8 millones de euros, del que los inculpados lograron aplazar el pago de un 80,8 por ciento.

De inmediato, el clan constituyó varias hipotecas sobre los hoteles y solicitó varios préstamos que, sin embargo, no fueron destinados al pago del precio aplazado sino a fines ajenos a la actividad hotelera. Todo ello, abunda el fiscal, "en su exclusivo beneficio" y "evidenciando que nunca pretendieron efectuar el pago del precio de la compra".

Los encausados sólo atendieron los vencimientos durante un año y cuatro meses. A partir de abril de 2010 no volvieron a pagar suma alguna.

La acusación llama la atención sobre el hecho de que los Ruiz-Mateos han tratado hasta el momento de eludir sus responsabilidades pecuniarias por estos hechos, obstaculizando todos los procedimientos judiciales en los que se trataba de ejecutar los pagarés impagados y tratando de hacer inviable cualquier tentativa de resolución de la operación de compraventa con posteriores maniobras jurídicas.

Llegaron a percibir hasta 81 millones de euros

En total, todos los acusados han recibido, utilizando como garantía los hoteles vendidos y cuyo precio no ha sido pagado, una suma cercana a los 81 millones de euros que no ha sido destinada ni a la actividad de los establecimientos ni a pagar el coste de la compra de los mismos.

Es más, han llegado a colocarse personalmente, así como a las empresas del grupo, según Carrau, en un estado de insolvencia formal para impedir a los perjudicados ver satisfechos sus derechos de crédito.

Los Ruiz-Mateos provocaron la inviabilidad económica arruinando las sociedades Estancia Hotelera S.A. y Maspalomas Hoteles S.A. y haciendo que los hoteles presentasen cargas de millones de euros por préstamos no pagados cuyo origen se encuentra en el mismo día en que se otorgó la escritura pública de compraventa.