Tanto en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por la llamada Operación Emperador, como en la que ha instruido la juez Canòlich Mingorance en Andorra por el caso BPA, aparecen diversos empleados de la entidad imputados por haber participado en las conocidas como “operaciones de compensación”, una mecánica por la que algunos clientes del banco disponían en efectivo del dinero no declarado que habían consignado en cuentas andorranas.
Sumario del caso BPA que demuestra la participación de la empleada de BPA Montserrat Montes / CG
Estas controvertidas operaciones se encuentra en el ojo del huracán de ambos sumarios dado que diversos analistas financieros, incluidos algunos consultados por la propia fiscalía, coinciden en que esas “operaciones de compensación” no son delito en Andorra y arrojan dudas sobre si lo son en España.
El intermediario y comisionista en estas operaciones fue Rafael Pallardó, pero ninguno de los gestores de BPA implicados tanto en el sumario español como en el andorrano cobraron comisión alguna por estas operaciones que estaban perfectamente definidas, tuteladas y aprobadas por los órganos de control bancario del país de los Pirineos.
Mismos hechos, distinta ley
Sin embargo, algunos de eso gestores hace ya años que están siendo investigados bajo la acusación de participar en una trama de blanqueo internacional de capitales. Algunos, pero no todos. El sumario del caso BPA demuestra que el 17 de mayo de 2011 la empleada de BPA Montserrat Montes Echevarría participó en una operación de compensación de 30.000 euros autorizada por el tenedor de la cuenta numerada 4218XX. Así se desprende de la documentación sumarial del caso.
Según ese mismo sumario, y tal y como se aprecia en la orden de pago, los titulares de esa cuenta están relacionados con la empresa Acciona. En concreto, con el área transporte de maquinaria de generación de Energía.
Del banco al tribunal
Lo curioso es que esta operación no ha sido investigada por la justicia y que la empleada fue fichada un año después por el Tribunal de Cuentas andorrano, organismo gubernamental en el que trabaja actualmente y que ha tutelado el proceso de intervención del BPA tas el escándalo judicial que explotó hace tres años, cuando el Tesoro estadounidense detectó una supuesta trama internacional de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado en la entidad financiera.