Un tercio de la dirección de Cementiris de Barcelona tiene a familiares directos trabajando en la empresa. Son Ángel Pascual, Berta Rodríguez y Juan Manuel Aparicio, directores de Recursos Humanos, Servicios Jurídicos y de Servicios, respectivamente. El sector afea a la sociedad pública su "nepotismo", mientras que la firma se defiende con el argumento de que "no hay familiares del consejo de administración".
Según denuncian fuentes cercanas a la empresa pública, que pertenece al grupo Barcelona Serveis Municipals (B:SM), la sociedad se ha convertido en "un coto cerrado en el que fichar a familiares".
Para apuntalar su tesis señalan a los hijos de Pascual, Rodríguez y Aparicio, además de a familiares de otros mandos intermedios también en nómina. "Son responsables de servicio y trabajadores con hermanos, cuñados y esposos. El 50% de empleados tiene relación con el otro 25%", agregan las mismas fuentes.
Lo que es más, Eduard Fernàndez, director de Operaciones, también consiguió contratar a su hijo, pero éste ya no trabaja en la empresa.
"No hay miembros del consejo"
Sin negar la información, fuentes cercanas a Cementiris han querido matizarla. "No hay miembros del consejo de administración que tengan a parientes trabajando en la empresa", han explicado.
Es este órgano, precisamente, el que toma las decisiones sobre el rumbo de la sociedad municipal y aprueba las tarifas y la contratación, entre otros. "Es el ente ejecutivo", han abundado las mismas fuentes.
Futura funeraria
En el sector funerario se desconfía de estas explicaciones. "No es de recibo que en una empresa de sólo cien trabajadores muchos de ellos sean familiares, directos o indirectos. ¿Dónde más ocurre?", ha criticado un directivo de la industria.
Otras fuentes constatan desde el anonimato que el sector de las pompas fúnebres ha sido históricamente "muy endogámico, pues no todo el mundo quiere trabajar con fallecidos".
La información pone en un brete la transparencia del que será el germen de funeraria pública de Barcelona. El proyecto, que comanda Eloi Badia, concejal de Presidencia, ha concitado un alud de alegaciones de operadores privados y personal.