La coordinadora administrativa de Mutua Universal en la provincia de Almería, M.C.B.V., ha presentado ante la justicia una nueva denuncia contra la compañía aseguradora, a la que acusa de estafar a la Seguridad Social mediante la falsificación de facturas por servicios médicos o asistenciales inexistentes.

La denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción numero 3 de Almería, que la ha recibido procedente del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, órgano judicial que, desde hace 10 años, investiga la acusación inicial contra la aseguradora por estafa.

La denunciante presentó en Barcelona el escrito, pero el juzgado catalán se ha inhibido a favor del de Almería porque los hechos denunciados acaecieron en diversas poblaciones de esa provincia.

Contrato para enmascarar

M.C.B.V. ha denunciado el contrato que la aseguradora estableció en 2008 con la empresa Ispa Ponent para la implantación y mantenimiento de un centro médico asistencial en la población de Macael (Almería).

Mutua Universal impulsó ese centro aunque existía una prohibición expresa de la subdirección general de ordenación de las entidades colaboradoras de la Seguridad Social que no le permitía constituirlo una vez fue informada de la investigación penal que se sigue contra la aseguradora en Barcelona.

Pero, según la querella, Mutua Universal precisaba de ese centro en esa zona debido al volumen de potenciales mutualistas y, en aras del negocio, llegó al acuerdo con Ispa Ponent para sufragar los gastos de mantenimiento (obras y maquinaria incluidas) más un 5% de bonificación.

Mutua impulsaba el negocio, pero con otro nombre. La empresa contratada no tenía gasto alguno (y sí beneficios fijos), y la aseguradora podía percibir las constantes asignaciones de la Seguridad Social por cada uno de los mutualistas que recibieran atención en el centro por causa de accidente laboral o revisiones médicas periódicas.

Facturas falsas

Según la querella, la cúpula de Mutua Universal urdió un sistema de facturas falsas para justificar ante la Seguridad Social centenares de supuestos traslados en taxi de mutualistas para ser atendidos en centros asistenciales. Entre 80.000 euros y 90.000 euros anuales, según la denunciante. Ese dinero, cobrado parcialmente de la Seguridad Social, era el que se entregaba a Ispa Ponent.

La denunciante acusa a la cúpula de Mutua Universal por los delitos de administración fraudulenta, delito societario, fraude, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, estafa y falsedad.

M.C.B.V., que se encuentra de baja por depresión tras ser represaliada por la dirección, afirma que se decidió a denunciar estos hechos cuando la cúpula de la aseguradora la empezó a amenazar con el despido si aireaba las supuestas irregularidades.