Dos de la tarde del 21 de octubre de 2015. La Guardia Civil se encuentra en la sede de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU (antigua GISA), procediendo al registro de dicho organismo ordenado por el juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el llamado caso del 3%.

A esa hora, un ciudadano, que no se quiere identificar, llama por teléfono al grupo de delincuencia económica y tecnológica de la Unidad de Policía Judicial de la VII Zona de la Guardia Civil. Su mensaje es inequívoco: dispone de información directa de las irregularidades y corruptelas acaecidas en la empresa.

Llama desde una 'conselleria'

Toman nota y, antes de vehicular la información a los agentes que procedían, en ese momento, al registro de Infraestructures en la calle Vergós, 36 de Barcelona, averiguan que el teléfono desde el que ha comunicado el anónimo corresponde a la centralita del departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, situado en la calle Aragó, 244-248 de Barcelona.

El comunicante no identificado afirma:

“Que en los ordenadores de los técnicos de edificación de gerencia y de obra civil hay unos documentos excel con las puntuaciones reales de distintas licitaciones”.

“Que en la época del tripartito se dieron órdenes de destruir todos los sobres anteriores al 2006”.

“Que el señor [Josep Antoni] Rosell es la persona de contacto y mano derecha de Germà Gordó”.

Reincide

Estos son algunos de los mensajes que traslada el anónimo en la llamada que la Guardia Civil registra a las dos de la tarde. Pero sólo cinco minutos después, vuelve a telefonear e informa de que “si se separan, uno a uno, los técnicos, facilitarán voluntariamente toda esta información puesto que están muy quemados”.

Minutos después, a las 14.45 se produce una tercera llamada en la que el comunicante anónimo “sugiere que se pregunte al señor Rosell sobre su anterior trabajo al frente del proyecto del canal Garriga Segarra”.

No contento con ello, el espontáneo colaborador que llamaba desde un organismo público como era (y es) la Conselleria de Territori comunica por cuarta vez con la Guardia Civil y aporta datos incriminatorios contra la auditora de GISA, Carla Brauer, de la que dice “que envía a los técnicos correos internos indicando, cuando los cuadros no coinciden con otros que tienen más puntos, que los modifiquen”.

Exempleados despechados

La Guardia Civil tomó buena nota de estos apuntes que investigó y, aunque el comunicante no ha sido identificado todavía, algunas fuentes de la investigación sospechan que se podría tratar de un exempleado de GISA, probablemente afectado por algunos de los tres ERE que se efectuaron en época del presidente Joan Lluís Quer (2011-15).

 Lo extraño es, ¿por qué ese comunicante despechado o buen samaritano (o las dos cosas) llamó desde la Conselleria de Territori? ¿Trabajaba allí? ¿Fue casual? ¿Fue por error? ¿Fue porque la centralita impide rastrear la llamada? O… ¿lo hizo adrede?.