"¿No tienes trabajo ni dinero? Porque no quieres, porque votando a Unió Mallorquina (UM) te pagan 80 euros". Es una de las numerosas confesiones que a lo largo de los últimos años los investigadores han recabado en torno a las fórmulas empleadas por el extinto partido. El socio clave durante más de tres décadas para que tanto PP como PSOE pudieran formar gobierno en Baleares. El único objetivo era conseguir votos.

Los innumerables casos de corrupción que acuciaron a la formación, presidida históricamente por Maria Antònia Munar --que en 1979 se convirtió en la primera alcaldesa en las islas, con 24 años--, acabaron con el partido, de cariz regionalista, en 2011. El próximo jueves tendrá lugar la audiencia previa de una de esas causas. El motivo, haber sufragado con dinero público parte de los actos y charlas organizados por colectivos de origen argentino cuyo apoyo querían granjearse los líderes uemitas.

Petición de 26 años de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción reclama hasta 26 años de cárcel para tres exaltos cargos de UM que presuntamente ampararon el desvío de más de 230.000 euros públicos. Se destinaron a labores de proselitismo a favor del partido.

Se trata del exdirector de Relaciones Institucionales del Consell de Mallorca Josep Lliteres; la exjefa insular de Programas, Coloma Munar; y Eugenia Cañellas, exsecretaria general técnica de quien fuese delfín de Munar y vicepresidente del Consell, Miquel Nadal.

Junto a ellos, en caso de que el próximo jueves no se alcance ningún acuerdo de conformidad entre las partes, serán juzgados cinco supuestos colaboradores. Se especula que todos ellos trabajaron para difundir el programa de la formación en la campaña previa a las elecciones autonómicas y municipales de 2007.

Miss Baleares Argentina

Según las pesquisas, para lograr su objetivo los acusados decidieron poner en marcha expedientes de contratación ficticios que aparentaban favorecer al Consell. En realidad, según la investigación, iban dirigidos a costear eventos promovidos por asociaciones de inmigrantes. Entre estos, un acto de clausura de actividades que camuflaba el pago del certamen Miss Baleares Argentina la víspera de los comicios. El coste fue de 11.895 euros públicos.

Otro de los eventos encubiertos fue el Encuentro familiar de Pascua, por el que se pagaron 11.731 euros. Es decir, una parrillada de la Casa Argentina. En estos acontecimientos, los altos cargos de UM se personaban para atraer el sufragio de los participantes y dinamizar así el voto a favor del desaparecido partido.

No sólo eso. El ministerio público llama la atención sobre el hecho de que la mayoría de los contratos suscritos no superaban los 12.000 euros. El importe máximo permitido por la ley para que pudieran adjudicarse de forma directa y sin concurso. "No reportaban ninguna utilidad pública y fueron tramitados sin respetar la normativa administrativa legal", indica la investigación.

Gratificación con puestos de trabajo

El resultado de las elecciones llevó a UM a formalizar un nuevo pacto, esta vez con el PSOE, pero las tácticas empleadas para mantenerse en el poder salieron a la luz poco tiempo después. Acabaron en los tribunales, dando pie a varias causas de corrupción centradas en la captación de votos y en la contratación en organismos públicos y empresas privadas de numerosos activistas del partido que habían llevado a cabo tareas a favor del mismo.

Uno de los procedimientos judiciales más reveladores recoge testimonios que apuntan al pago de entre 25 y 80 euros por voto. "Me dijeron que si quería ganarme un dinerillo que votara a UM, que ganaba 80 euros", relató una afectada. Una profesora explicó incluso a los investigadores que había escuchado a una alumna "preguntar a sus compañeras primero si eran mayores de edad y luego si les interesaba votar por correo, para lo cual les ofrecía a cambio 25 euros".

En un informe, la Guardia Civil llegaba a explicar cómo la trama intentó conseguir sufragios a través de representantes de asociaciones de Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela, entre otras. Posteriormente, gratificaba con puestos de trabajo.

Expulsión y desaparición de UM

La propia Munar, en prisión desde el 24 de julio de 2013, suscribió en febrero del pasado año un pacto en el que admitía haber desviado, junto a otros exaltos cargos de su partido, más de 200.000 euros públicos. Los destinó contratar de forma irregular varios militantes en un organismo dependiente del Consell como recompensa por haberse dedicado a la búsqueda y consecución de votos.

El estallido de todas estas investigaciones y la detención de varios de los dirigentes de UM culminaron a principios de 2010 con la ruptura del pacto de gobernabilidad rubricado en 2007 al ser expulsados de las instituciones todos los miembros de UM que ostentaban cargos públicos. Un año después, la formación se disolvía atizada por la corrupción.