Josep Antoni Rosell, exdirector de Infrastructures de la Generalitat e imputado por el juez de El Vendrell en el caso 3%, sostiene que su destitución al frente de la empresa pública obedece a un acto de persecución de Esquerra Republicana (ERC) “que no ha querido tener en cuenta la presunción de inocencia y que ha aprovechado la circunstancia de la imputación para sacarme de la dirección”.
Rosell ha demandado a la empresa por despido improcedente y por acoso. El día 27, el Juzgado de lo Social número 24 de Barcelona dirimirá este contencioso. En él, el demandante solicita que se declare nulo su despido atendiendo a que él era un contratado laboral y no un cargo de alta dirección política, como esgrimió el presidente del organismo, Joan Jaume i Oms, cuando Rosell fue destituido.
Represaliado por ERC
El exdirector de Insfraestructuras se considera un “represaliado” de ERC y por ello, en la demanda laboral, aduce toda una serie de indicios que pretenden avalar la situación de amenazas, acoso y mobbing de las que dice haber sido objeto por no ser militante del partido republicano. Rosell afirma en la demanda que “se ha vulnerado su derecho fundamental a la presunción de inocencia” y pide una indemnización que corresponda con dos anualidades.
Un despido anunciado
Según la demanda interpuesta por el exdirector de la empresa a Rosell, “tras su detención policial en octubre del 2015 en el marco de la Operación Petrum, el actual presidente de Infrastructures, Joan Jaume i Oms, vulnerando su derecho a la presunción de inocencia, le apartó de la totalidad de sus funciones. Finalmente, en el mes de febrero del 2016, le despidió alegando pérdida de confianza”.
La fiscalía considera a Rosell parte activa de la trama de llamado caso 3%.