Los acusados del Caso Pretoria empiezan a tirar de la manta. El exconsejero de Economía en los gobiernos de Jordi Pujol, Macià Alavedra, ha admitido este jueves ante el tribunal haber cobrado comisiones ilícitas del 4%. Lo ha hecho después de que el fiscal ofreciera la semana pasada pactos a varios acusados para rebajar sus penas, como ha sido su caso.
En concreto, Alavedra ha reconocido en su declaración como imputado en el juicio de Pretoria que se celebra en la Audiencia Nacional haber recibido comisiones junto con el exsecretario de Presidencia de la Generalitat en ese momento, Lluís Prenafeta, por ejercer de intermediarios. Fue gracias al uso de sus relaciones con políticos, ha admitido, que empresarios recibieron adjudicaciones públicas.
Hechos imputados
El acusado ha implicado a Antoni Castells, exconsejero de Economía y Política Territorial, en los hechos, aunque ha excluido a Artur Mas de la lista de políticos que intermedió a favor de empresarios. “Con Artur Mas, para nada”, ha contestado.
Alavedra ha reconocido todos los hechos que le imputa la fiscal Ana Cuenca. El ministerio público pide para él una pena de seis años y 10 meses de cárcel al considerar que ocultó comisiones ilegales a Hacienda a través de sociedades opacas. Cuenca ha anunciado este jueves que solicitará para Alavedra un pena que no suponga su ingreso en prisión si paga una multa de 10,3 millones.
Venta de terrenos en Badalona
En concreto, el exconsejero de Economía de Pujol ha reconocido haber recibido comisiones ilícitas del 4%, "que en este tipo de casos, es habitual", en la venta de unos terrenos junto al puerto deportivo de Badalona y de dos fincas en Sant Andreu de Llavaneres. En ambos casos, Alavedra presentó los compradores a Luis Andrés García Luigi, el cerebro de la trama.
Y en compañía de Prenafeta creó un "grupo de intermediación" entre empresarios y cargos públicos. En el caso de Sant Andreu de Llavaneres, el comprador acabó pagando una plusvalía de cuatro millones. En relación al exsecretario de Presidencia ha añadido que se "inquietó" cuando las encuestas daban como ganador de las elecciones a Artur Mas, y le dijo que el futuro presidente tenía que aceptar una adjudicación en la que estaba trabajando.
La Fiscalía sostiene que tanto Alavedra como Prenafeta cobraron comisiones ilícitas por un importe total de unos 638.000 euros cada uno, que ocultaron a Hacienda con sociedades opacas y cuentas en Andorra y Suiza.